En menos de seis meses, el gobierno de México ha entregado a cincuenta y cinco líderes del crimen organizado a Estados Unidos. Fueron veintinueve en febrero y veintiséis en agosto, entre los que destacan Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia, “El Cuini”, y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, emblemáticos operadores criminales.
Para realizar estas entregas el gobierno de México innovó. No las realizó a través del proceso habitual de extradición, sino mediante un mecanismo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, que le ha permitido actuar de manera expedita y eludir amparos y trámites judiciales prolongados que suelen entorpecer el traslado de criminales al extranjero.
Hay seis elementos que pueden explicar porque el gobierno ha procedido de esta forma y que permiten anticipar que habrá entregas adicionales en los meses por venir: el bajo costo político de las entregas, su efecto demostración, el contraste con AMLO, la mejora en la seguridad, el efecto Trump y la corrupción judicial.
1. Bajo costo político. En el debate público, es difícil defender el envío de líderes criminales a enfrentar la justicia en el extranjero. Además, los delincuentes entregados ya estaban detenidos y carecían de bases sociales o aliados que representaran una amenaza. Con ello, el gobierno muestra que fue efectivo cuando detuvo a los delincuentes y que ahora, con Estados Unidos, ha sido eficaz, firme y colaborativo.
2. Desmantelar estructuras criminales de las cárceles. Las autoridades mexicanas pueden argumentar que las entregas se traducirán en beneficios para la población porque es conocido que aún desde las cárceles los delincuentes continúan operando, dando instrucciones y cometiendo crímenes. Aunque sea difícil que el gobierno pueda demostrar que las entregas han llevado a una reducción en la comisión de delitos, la opinión pública abrigará esperanzas de que en algo abonen a mejorar su seguridad.
3. Contraste con AMLO. Las entregas permiten a la presidenta Sheinbaum dar un toque propio a su política de seguridad y de colaboración con Trump, tomar distancia de la de “abrazos no balazos“ que distinguió a su antecesor.
4. Amortiguar la presión de Trump. Considerando la historia azteca de sacrificios humanos para aplacar a Huitzilopochtli, muchos mexicanos apoyan la entrega de delincuentes como una ofrenda para saciar el hambre de Trump, y así evitar sanciones arancelarias o acciones militares contra cárteles en territorio mexicano.
5. La ofensiva antijudicial. El gobierno de México aprovecha las entregas para alimentar la narrativa en contra de jueces corruptos y para justificar su actuar al margen de los cauces tradicionales. Pero cuando tomen posesión los jueces recientemente electos y entre en vigor el nuevo sistema judicial, el gobierno tendrá problemas para argumentar vicios legales.
6. Efecto demostración de disuasión. Las entregas envían un mensaje claro a las estructuras criminales: si delinques, puedes acabar en una cárcel de Estados Unidos. Este efecto ya dejó huella en la historia reciente de Colombia, donde la extradición contribuyó a desarticular los poderosos cárteles, aunque desató una ola de violencia por parte del grupo de Los Extraditables, que cimbró a todo el país.
En México, las entregas de líderes del crimen organizado no han generado reacciones de fuerza, en parte, porque estaban detenidos y ya no representaban un riesgo de seguridad. Pero no debe desecharse que la violencia pueda desatarse con la captura e intento de entrega a Estados Unidos de líderes del narcotráfico que hoy son buscados y por quienes la justicia estadounidense ofrece jugosas recompensas, como es el caso de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación; Juan José Farias Álvarez, «El Abuelo», líder de Carteles Unidos; y Nicolás Sierra Santana, «El Gordo», líder de Los Viagras.
En suma, las entregas de líderes del crimen organizado parecen ser una pieza de la estrategia mexicana, calculada y ejecutada para cumplir objetivos de tipo político, diplomático y de seguridad.
Pero su efectividad dependerá de dos factores. Primero, que haya en las cárceles mexicanas suficientes peces apetitosos para continuar apaciguando las demandas estadounidenses. Y, segundo, que el gobierno mexicano acepte el costo político de detener, y entregar a Estados Unidos, a líderes de carteles que, coludidos con autoridades civiles y militares, hoy controlan varias regiones del país, y cuya captura podría ocasionar un incremento de la violencia y destapar la cloaca de la corrupción que explica que esos capos sigan siendo intocables.
Lo que menos deseable, y más amenazante, es que, como en Colombia, se constituya una alianza de cárteles bajo el lema “Preferimos una tumba en México que una celda en Estados Unidos”.
