El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio del Prete Tercero informó que actualmente se trabaja con alrededor de 200 personas identificadas como mineros en diferentes municipios, con el objetivo de que transiten hacia otras actividades económicas, ante la eventual prohibición del uso de mercurio en procesos industriales conforme al convenio de Minamata.
“Estamos trabajando con los mineros, con los que se dedican al oficio de la minería, a migrar su trabajo de lo que es minería hacia otra actividad productiva, de acuerdo a lo que establece el convenio de Minamata”, declaró.
Del Prete Tercero explicó que aunque el estado no tiene facultades para regular la extracción del mineral, participa en programas de transición productiva con recursos del Fondo Ambiental Global (GEF).
El funcionario estatal detalló que el uso del mercurio está prohibido dentro del acuerdo de Minamata, por lo que se busca evitar su utilización en las minas.
“El mercurio se va a dejar de usar eventualmente”, reiteró.
No obstante, precisó que si las personas cuentan con permisos federales vigentes para ejercer la actividad minera, el gobierno estatal no puede intervenir en su fuente de ingresos.
En este sentido, aclaró que la regulación y autorización de la actividad minera corresponde exclusivamente al gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo.
“La autorización la otorga el gobierno federal, nosotros no autorizamos la instalación de minas”, puntualizó.
Sobre la ubicación de estas minas, señaló que no todas se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda.
“La explotación minera se da en los municipios de Peñamiller, San Joaquín y Ezequiel Montes”, explicó.
En caso de que alguna se localice dentro de la Reserva, se precisó que puede tratarse de concesiones otorgadas antes de que esta zona fuera decretada como Área Natural Protegida.
“Si tienen un derecho adquirido, pueden seguir ejerciendo hasta que se venza ese derecho”, indicó.
En ese marco, subrayó que no se permite el inicio de nuevas actividades extractivas dentro de la Reserva tras su decreto como área protegida.
