SERGIO VENEGAS RAMÍREZ
Dos noticias cimbraron ayer a la sociedad queretana, que desde el martes -cuando se supo de la detención del reconocido abogado Juan Collado- y se presumió que era por temas relacionados con (caja) Libertad Servicios Financieros.
Y es que pasado el medio día de ayer miércoles, PLAZA DE ARMAS reveló dos datos importantes en torno al caso que interesa a miles de ciudadanos que tienen sus dineros en la queretanísima institución financiera: Toño Rico y sus tres presuntos cómplices están prófugos y tienen sus cuentas congeladas. Esto, tras dos informaciones reveladas en nuestra web ayer:
1.- El juez de distrito, Eduardo Vázquez Rea libro cinco órdenes de aprehensión contra el propio Collado y Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega por su probable participación en lado de dinero y delincuencia organizada. Y,
2.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del empresario queretano Antonio Rico Rico y de los coacusados en el caso Libertad, Juan Ramón Collado, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Las cinco personas cuentan con orden de aprehensión librada por el juez Vázquez Rea, con sede en Reclusorio Norte, quien lleva la causa 269/2019, pero solamente se ha complementado la relativa a Juan Ramón Collado.
En el caso de Rico Rico, (ex socio de Caja Libertad y Gallos Blancos y propietario de Plaza Bulevares de Querétaro) y de Vargas, Rodríguez y García, no han sido localizados y se cree que habrían huido del país por lo que Interpol podría emitir en breve una ficha roja.
Como lo dio a conocer PLAZA DE ARMAS hace dos años, el empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex director de Libertad, denunció ante la Fiscalía del Estado a su ex socio, Antonio Rico Rico por haberlo defraudado en la compra venta del edificio que alberga las oficinas centrales del consorcio financiero, ubicadas en Centro Sur, frente a las oficinas del alcalde Luis Bernardo Nava.
En su momento, Bustamante señaló que el Fiscal Alejandro Echeverría Cornejo no atendió su asunto y nunca quizo citar por lo menos a declarar a Rico Rico.
Ante tal situación y una vez que ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador, decidió llevar el caso ante la justicia federal.
Así, tras meses de trabajo con un grupo de abogados, presentó la denuncia y este año se integró la causa penal 269/2019 que recayó en el juez de distrito, Eduardo Vázquez Rea, con sede en el Reclusorio Norte, quien libró los mandatos contra las cinco personas arriba señaladas.
Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República, señalan que los acusados simularon la venta de un terreno de unos 3 mil 877 metros cuadrados que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, donde tanto Rico como Collado llegaron a ser presidentes del consejo de administración.
La FGR indicó que la venta se realizó con suplantaciones de identidad, fraudes y simulaciones en asambleas de Libertad y Servicios Financieros.
El terreno se ubica en Bernardo Quintana número 9791 y la transacción fue de 156 millones de pesos más IVA.
Ahora ese terreno es la Zona Comercial Centro Sur, un edificio de seis pisos y otros seis niveles de estacionamiento con valor actual de 700 millones de pesos.
Por esta venta Collado se benefició con 24 millones de pesos los cuales fueron depositados a su cuenta en Bancomer.
En la venta del terreno -además de Collado- están implicados José Antonio Rico Rico, por parte de Libertad Servicios Financieros, y José Antonio Vargas Hernández Roberto, Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega por parte de Operadora de Inmuebles del Centro.
Información revelada por el portal La Silla Rota, destaca que el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se dice defraudado al ser dueño del terreno y arrebatado por Operadora de Inmuebles del Centro, donde lo hicieron socio sin saber.
Bustamante denunció a quienes le quitaron su terreno el pasado 4 de junio y ante la Unidad Inteligencia Financiera el pasado 7 de julio.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un plazo de seis meses para concluir la investigación en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el de delincuencia organizada en contra de los acusados por ser supuestamente parte de una red financiera ilícita que simuló, mediante empresas fantasmas, la compra venta de inmuebles vía triuangulaciones y depósitos en cuentas bancarias mexicanas, norteamericanas y europeas.
