Nicaragua celebrará comicios generales el próximo 7 de noviembre, para elegir al presidente, a 90 de las 92 diputaciones de la Asamblea Nacional y a otras 20 para el Parlamento
Centroamericano.
El presidente actual, Daniel Ortega, busca la posibilidad de conseguir un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, las recientes detenciones (realizadas por su administración) de precandidatos, opositores, periodistas, empresarios, entre otros, amenazan y ensombrecen el proceso electoral.
La tensión actual encuentra sus primeros indicios en las administraciones precedentes. Ortega retornó al poder en 2007, luego de un primer período entre 1985 y 1990, y ha permanecido 14 años ininterrumpidos en el cargo. Numerosas son las críticas hacia su gestión, y diversos los elementos que se suman al adverso panorama electoral.
El rechazo político y social se ha venido alimentando de una serie de circunstancias que comenzaron con las reformas para garantizar la reelección presidencial, y con la paulatina concentración de un poder indefinido; enseguida, la represión y censura a la oposición; las restricciones a los derechos fundamentales; la falsa esperanza de mejorar lo económico y lo social; la adopción de leyes y penas ad hoc para quienes contraríen los intereses gubernamentales; el rechazo a las demandas de apertura democrática, y el control y apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad. Todas ellas hoy se ven reflejadas en el rechazo, la inconformidad y el hartazgo contra Ortega y su gobierno.
La estabilidad gubernamental llegó a su fin luego de las protestas de abril de 2018, cuando el sector empresarial y el eclesiástico apoyaron las demandas ciudadanas y se posicionaron en contra de la violenta respuesta de la autoridad. Esto provocó además la ruptura de la alianza que hasta entonces existía entre el Gobierno y estos sectores.
La crisis social y política, así como la fractura con el empresariado han generado mucha incertidumbre. Primeramente, porque los avances en inversión alcanzados durante las gestiones previas se ven amenazados, situación que se ha exacerbado tras la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. El descontento y la irritación han adicionado también nuevas voces y grupos a la oposición.
A los sandinistas contrarios al mandatario Ortega —quienes aseguran que el comportamiento y la gestión de éste son contrarios a los ideales de la revolución— se han incorporado las críticas y el rechazo de otros sectores. El punto crucial estuvo en las manifestaciones de 2018, que reunieron en una misma agenda diferentes reclamos opositores. No obstante, rumbo a los comicios de noviembre, a la par de los factores gubernamentales que han debilitado a los partidos políticos, otras circunstancias se observan en la oposición que se enfrentará al mandatario, entre ellas, la fragmentación y la falta de un mensaje socioeconómico que contemple preocupaciones ciudadanas como el desempleo y la inseguridad.
Diversos países y organismos internacionales están incrementando las presiones ante la represión política en Nicaragua, y llaman a elevar las sanciones. Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la ONU y su Consejo de Derechos Humanos han expresado su preocupación, condenado los arrestos y exigido la liberación inmediata de las personas opositoras detenidas, así como la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
México, conforme a sus principios constitucionales de política exterior, y en conjunto con Argentina, expresó su preocupación por las agresiones y la detención de figuras políticas de la oposición, rechazó la persecución política, llamó a restablecer el diálogo interamericano y manifestó su disposición plena para colaborar constructivamente.
A pesar de que los costos políticos internos y externos para el presidente Ortega y su administración se han incrementado, el Gobierno de ese país advirtió que no permitirá injerencias, imposiciones u obligaciones para romper su sistema jurídico, al tiempo que defendió los arrestos. Asimismo, ante la presión internacional, respondió que Nicaragua no se doblegará ante las amenazas, ya que ha vivido momentos más difíciles y duros.
Finalmente, cabría reflexionar sobre el papel presente y futuro de los espacios y las herramientas de diálogo en América Latina, región en donde los procesos democráticos continúan enfrentando graves amenazas.
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