El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, dijo no tener conocimiento de la iniciativa ingresada al Congreso de la Unión, para reformar el apartado B del artículo 120 constitucional y la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según la propuesta realizada por la actual presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra, se busca en esencia desaparecer la CNDH como se conoce actualmente; para que en su lugar sea creada la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
Al visitar la entidad para asistir al informe del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro, Javier Rascado Pérez, Hernández Cruz dejó en claro que la reforma a la Constitución presentada deberá preservar la garantía de que existe un sistema que hará valer los derechos humanos. Ello, al referir que estarían atentos a conocer los alcances del proyecto.
“De nada servirían los derechos humanos si no tuviéramos una garantía para hacerlos efectivos; y en ese sentido, esta garantía es parte esencial del sistema constitucional. Se convierte en un contenido intangible que no puede ser eliminado por una reforma constitucional. En la Federación desconocemos esta propuesta legislativa que ha hecho la maestra rosario piedra ante la Cámara de Diputados; y en ese sentido no podemos respaldarla ni avalarla, ante la falta de ese conocimiento”, comentó.
El líder de este organismo, que agrupa a las 32 comisiones locales de defensa de los derechos humanos, lamentó no tener detalle de la propuesta legislativa, puesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es parte también de la Federación. “En esa filosofía, como instituciones hermanas, estamos para apoyarnos, para fortalecernos; pero, desde luego, jamás para pretender eliminar un sistema que está, insisto, para la protección y favorecer la eficacia de los derechos humanos en México”,
En ese tenor, recalcó la importancia de tomar como alternativa el fortalecimiento de la institución actual, pues aludió a que las reformas constitucionales “se están convirtiendo en la respuesta política a la incapacidad de dar los resultados que la ciudadanía espera”.
“Desde luego que se pueden perfeccionar las reglas y leyes que rigen nuestra actuación, pero jamás para suprimir un sistema que está para la defensa de los derechos humanos”, sentenció.