Yunuen Mora
De aprobarse la reducción de la jornada laboral, México perderá competitividad frente a otros países en medio del “nearshoring” o relocalización de líneas de producción para proveer a Estados Unidos.
Grupo REFORMA publicó el lunes que la Iniciativa Privada (IP) se ha quejado del impacto de reformas laborales como la que reguló al outsourcing, la que amplió las vacaciones y la NOM del teletrabajo aprobadas en los últimos tres años, y ahora están por discutirse otras para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y para elevar los aguinaldos de 15 a 30 días por año.
Empresarios sondeados por separado coincidieron en que de implementarse abruptamente las iniciativas, los costos de producción aumentarían entre 18 y 35 por ciento, dependiendo la actividad y tamaño de la empresa, y repercutiría en los precios al consumidor.
En el caso de la reducción de la jornada laboral, los empresarios piden que se discuta con la Iniciativa Privada para implementarla de manera gradual y diferenciada por sector económico.
“Dizque nos adaptaríamos al mercado internacional (con las reformas laborales), pero también los servicios que tenemos no están a la par del mercado internacional, por ejemplo en la electricidad. Hay empresas que hacen más inversión porque la infraestructura no es adecuada”, señaló en entrevista Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto.
Aparte, Antonio Lancaster-Jones, presidente con licencia de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), señaló que, a pesar de ser “condiciones internacionales”, sí preocupan temas como el aguinaldo, el cual sólo dan México y Brasil. Insistió en que todos estos aumentos se trasladarán al consumidor final.
Rubén Masayi González Uyeda, presidente de Mind México, señaló que México perdería competitividad con las reformas.
“México puede llegar a perder competitividad, independientemente de las reformas, por tomar decisiones unilaterales”, añadió Aldo de Anda, empresario restaurantero.
En Jalisco hay 3 millones 13 mil 277 empleados, de los cuales 1 millón 860 mil 992 -equivalentes al 62 por ciento- son formales, es decir, tienen acceso a seguridad social y prestaciones de ley, de acuerdo con cifras al segundo trimestre del año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi.
El resto, 1 millón 152 mil 285 empleados, trabaja en la informalidad.
Grupo REFORMA publicó que la diputada por Morena, Susana Prieto, dijo que enviará una carta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para retomar para su aprobación en este periodo de sesiones la iniciativa para reducir la jornada laboral.
