En representación del Senado mexicano, la senadora Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, participó este vienes 6 de julio en la sustentación del IX Informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza.
La delegación encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruíz Cabañas, detalló las medidas legislativas, judiciales, administrativas, por mencionar algunas, que han sido adoptadas por el Estado mexicano en cumplimiento de la CEDAW.
Durante la presentación ante el Comité que corrió a cargo del Subsecretario Ruíz Cabañas, se destacó la fortaleza democrática de México ante las pasadas elecciones, pero sobre todo la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública mexicana; ya que pasamos de la paridad en candidaturas a la paridad real en el número de mujeres electas en las cámaras de Diputados y Senadores.
“Así en la próxima legislatura federal, las mujeres serán el 49.2 por ciento en el Senado de la República (17% más alto que en las elecciones de 2012), y 48.6 por ciento en la Cámara de Diputados (6% más que en 2015)”. Sostuvo.
En lo correspondiente al Comité se precisó que se han establecido esquemas normativos de aplicación general – desde reformas constitucionales estructurales y leyes generales – y sistemas nacionales de coordinación, como son el Sistema Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres; el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; o bien, el Sistema Nacional de Protección integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Además, se han diseñado y consolidado mecanismos institucionales de coordinación nacional, dentro de instancias como la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a fin de avanzar en la política nacional de igualdad, y en el combate a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Entre el 2014 y hasta el primer trimestre de 2018, el Estado mexicano ha reformado, adicionado o derogado, 303 normas en códigos penales y 151 en códigos civiles y familiares, armonizándolos con el marco federal e instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las niñas y mujeres mexicanas.
Fue aprobada la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), que incorporó como motivos de discriminación la misoginia, la homofobia, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En junio de 2017 entró en vigor la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura (y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), la cual materializa los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para eliminar esta práctica violatoria de derechos humanos, con el agravante de violencia sexual. De igual manera, y derivado de un proceso participativo de la sociedad, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que responde a los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos.
Se destacó que por vez primera en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y establece como estrategia transversal la inclusión de la perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Al igual que el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación.
A lo largo de 15 años de institucionalización de la perspectiva de género se han creado 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel estatal, dos mil 13 institutos municipales de las mujeres, 21 unidades de género en la Administración Pública Federal, dos en el poder legislativo y tres en el poder judicial. 27 Tribunales Superiores de Justicia (84%) y 4 organismos federales autónomos cuentan con su unidad de género. Todos los Congresos locales tienen hoy una Comisión de Igualdad de Género.
Se han creado unidades, centros y fiscalías para investigar y abordar de manera especializada la violencia contra las mujeres. Actualmente el país cuenta con 42 Centros de Justicia para las Mujeres en 27 entidades federativas.
El informe presentado ante el Comité de la CEDAW es un trabajo interinstitucional entre los tres Poderes de la Unión, de ahí la participación de las y los actores representantes de éstos ante el Comité. Hoy, se rindió cuentas sobre los logros y retos de México en materia de igualdad sustantiva, de reducción de las brechas de desigualdad, de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, y de construcción de instituciones y mecanismos efectivos.
Como parte de los temas que fueron detallados por integrantes de la delegación ante el Comité se encuentra: la Alerta de Violencia de Género, Refugios, feminicidios, violencia obstétrica, violencia comunitaria, violencia política, medidas legislativas para la protección de las mujeres, Agenda 2030, mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, mujeres indígenas, mujeres migrantes, entre otros.
En su momento, la senadora Diva Gastélum señaló que los esfuerzos realizados por el Estado mexicano han sido muchos, sin embargo, uno de los retos más importantes que tenemos es frenar los crímenes de odio en contra de las mujeres “campañas de comunicación, políticas públicas, legislativas, pero sobre todo el compromiso del Estado Mexicano”.
Asimismo, planteó el alcance y los beneficios de los programas federales no solo para el combarte a la pobreza sino en el beneficio que las mujeres obtienen de ellos; un claro ejemplo es el programa Prospera, el cual así como otros más, cuenta con un apartado específico con el proyectos productivos de vivienda, educación, emprendedurismo, etcétera; aspecto que ha generado un adelanto importante en las mujeres para las mujeres.
Entre los integrantes de la delegación mexicana participaron: Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación; Margarita Luna Ramos, Ministra, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación; Embajadora Socorro Flores Liera, Representante Permanente, Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra; María Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres; Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.
