La integración de la Suprema Corte y del Poder Judicial, en los términos en que fue concebido por la mente de un expresidente que gobernó por impulsos, haciendo leyes por sus caprichos y venganzas, privilegiando su popularidad y paso por la historia por encima del interés nacional, merece sin duda un repaso por los desatinos que le siguieron.
El primero: la aprobación de la reforma constitucional que permitió la elección por voto popular en forma irreflexiva, apresurada y por lo tanto defectuosa. Tanto que ya requirió una reforma para corregir la temporalidad del ejercicio del presidente de la Corte y además 307 acuerdos del INE para ajustar el procedimiento y poder llevar a cabo la elección mandatada.
El segundo: ante el desinterés por la elección y la falta de registros de aspirantes, de alguna de las áreas del oficialismo -sospeche de la que quiera… Atinará- surgió una instrucción y en solo un fin de semana se registraron más de 10 mil, particularmente en las áreas de los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo; un sospechoso alud de solicitudes que volvió imposible el escrutinio de antecedentes.
Tercero: el comité del Poder Judicial se declaró impedido de seleccionar candidatos por existir recursos legales en curso y por lo tanto, el comité legislativo insaculó por tómbola, sin calificar atributos ni revisar antecedentes, lo que llevó a integrar en sus listas hasta delincuentes.
Cuarto: el INE los registró sin cribar, pese a advertencias y solicitudes, y mandó imprimir boletas confusas e inmanejables. Eliminó el escrutinio ciudadano, el conteo inmediato y aprobó no eliminar ni manifestar las boletas sobrantes, quedando el proceso en manos de trabajadores del Instituto. Con ello, la transparencia y confiabilidad quedaron eliminadas.
Quinto: el INE otra vez, permitió la difusión de “acordeones” e hizo oídos sordos de las denuncias de participación del partido oficial y sus seguidores en la distribución. Se incluyó también al gobierno en dicha operación a través de los servidores de la nación, empleados públicos. Ante las denuncias y evidencias, el instituto electoral emitió un acuerdo tardío e ignorado.
Sexto: En la votación hubo concordancia en más de un 70 por ciento entre los candidatos señalados en los “acordeones” y los que resultaron electos. Se detectaron irregularidades como boletas planchadas, rebase de votantes superior al listado y otras mapacherías en 1,322 casillas y la insólita cifra de 3.7 millones de votos nulos. Cinco consejeros fueron certeros y enfáticos en señalar las causales diversas para anular la elección; seis votaron en contra, pese a que una de ellas razonó favorablemente los argumentos para la anulación y, sin embargo, votó en sentido contrario a su opinión. Oficialmente, la elección fue aprobada en el INE, aunque de panzazo.
Séptimo: Pasado el proceso han encontrado que más de 70 candidatos que fueron electos no reúnen las condiciones que la constitución exige para su elegibilidad y el INE se prepara para, ahora sí, declararlos inelegibles. Curiosamente la mayoría de los señalados tienen carrera judicial o están en funciones y cuentan con maestrías y doctorados, pero pueden ser inhabilitados, tal vez por ser parte del “engranaje corrupto” y buscarán la forma de que sean sustituidos y no declarar vacante el puesto, existiendo una laguna procesal pues la improvisada reforma no contempló el supuesto.
Conclusión: la Suprema Corte ha quedado integrada por los ministros “acordoneados” con un presidente que se niega a usar la toga y convierte su origen étnico en mérito suficiente. El Tribunal de Justicia Judicial, también consecuencia del acordeón votado, integrado por afines al partido oficial y por ende al Poder Ejecutivo; los magistrados y jueces en proceso de criba y será cuestión de tiempo y procedimientos para que el Poder Judicial quede totalmente colonizado por el movimiento y quien lo encabeza.
No sin tropiezos, salvados a la moda vieja, por consignas y siguiendo instrucciones, el golpe de Estado al Poder Judicial está consumado. Se lleva en el camino a las instituciones encargadas del proceso democrático de elección de autoridades (INE Y TSJE) que han perdido confiabilidad, entregadas ostensiblemente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Elecciones limpias con resultados indiscutibles no las veremos en este país en los próximos años.
La tendencia a convertir el sistema judicial en un instrumento de reivindicaciones sociales, sumiso al Ejecutivo, y no en un imparcial y justo protector de los derechos individuales, especialmente frente a los excesos y abusos del poder a lo que se han manifestado tan proclives -anoten las últimas resoluciones y leyes en contra de periodistas y la libertad de expresión- delinean un Estado autoritario con el poder concentrado en un grupo sin controles ni equilibrios institucionales.
La Suprema Corte se ha quedado sin toga y sin mallete, ese ya está en otras manos.
*Mallete: mazo de madera utilizado en contextos judiciales.