El nombre de Joaquín El Chapo Guzmán no deja de estar en la conversación pública y privada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco su deseo de repatriarlo y que quien fuera el líder más conspicuo del Cártel del Pacífico, termine de cumplir su condena en México.
El martes se volvió a referir el presidente al tema como respuesta a la fotografía que publicó Joaquín López Dóriga en su programa Joaquín, Marín, de Do Pingüé, cuando saludó a la mamá de El Chapo Guzmán, durante una gira a Badiraguato el 29 de marzo de 2020. López Obrador recordó ese momento y dijo que habló con ella porque quería entregarle una carta. En realidad era una segunda carta donde le pedía que abogara por su hijo, que fue condenado por una corte federal en Brooklyn a cadena perpetua más 30 años de prisión.
Aquel encuentro ha sido justificado por López Obrador como un momento en que por respeto a su edad se detuvo a saludarla, y dice que se ha hecho mucho escándalo por ese encuentro que sugiere fue fortuito. El presidente se cruzó con ella en la comunidad de Las Tunas, en donde vive, a donde se llega por un camino vecinal que conecta con la carretera 225. No está de camino a Badiraguato, donde estuvo de gira, a donde se llega por la carretera federal 15. Pero ese es sólo un detalle del cual no se dijo jamás porqué tomó una ruta de regreso a Culiacán tan larga.
La segunda carta que le entregó en mano y difundió la Presidencia, se refería a una anterior, que no se sabe cómo llegó a manos de López Obrador, a quien se dirigió como “estimado hermano de Cristo”, en donde le pedía que le siguiera dando apoyo. La carta está llena de revelaciones. La más importante, que como resultado de la primera misiva, el presidente había designado a tres secretarios de Estado y al fiscal general, para que atendieran la petición de la señora María Consuelo Loera Pérez.
La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, reveló la mamá de El Chapo Guzmán, atendieron a sus abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes “aportaron todas las pruebas, en donde queda claro que (su) hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de Estados Unidos… Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo en donde debe estar, en una cárcel en México”.
No se sabe si la instrucción tuvo seguimiento y hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero públicamente no pasó nada. Tampoco se supo nada por parte de Guzmán Loera hasta el 17 de enero pasado, que en una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, otro abogado que habló en nombre de El Chapo, José Refugio González, reveló que se había enviado una nueva carta al presidente para pedir su intervención a fin de que Estados Unidos extraditara al narcotraficante, por las “condiciones degradantes, infames y humanas” que estaba viviendo en la prisión Supermax en Colorado, donde se encuentra.
Esta tercera carta no fue dada directamente a López Obrador, sino que se envió por correo electrónico a la Embajada de México en Washington, desde donde se reenvió a la cancillería. El mismo día en que se supo de la nueva comunicación, el presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaba atendiendo la petición de El Chapo, y que se podían “buscar vías e instancias internacionales” ante la supuesta violación, dijo, de los derechos humanos del criminal. “No se puede decir no”, agregó, “se tiene que argumentar”. Ebrard, sin embargo, reconoció poco después que la petición no era muy viable, pero que revisaría la petición junto con la Fiscalía General.
Una vez más, no se sabe nada públicamente de la evaluación o si hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero internamente en Palacio Nacional, las evaluaciones y consideraciones continuaron desde el punto de vista político y mediático. Días después de la declaración de López Obrador, su vocero y jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, le informó de una encuesta donde se midió el impacto de las palabras del presidente, que en los medios había sido muy criticada.
Para sorpresa en Palacio Nacional, la respuesta de la gente encuestada fue negativa. La gente respondió adversamente a la declaración del presidente, incluso criticando que hubiese abierto la posibilidad de extraditar a El Chapo, a quien consideraban un criminal sanguinario. López Obrador ya no quiso seguir escuchando los resultados de la encuesta, y ni siquiera aceptó quedarse con el estudio demoscópico.
Lo que se sabe de todos estos coqueteos mediáticos y políticos, es que el presidente no ha quitado el dedo del renglón sobre el futuro de El Chapo, pese a que el consenso que pudo haber tenido dentro del gobierno para atender las peticiones del narcotraficante hace tres años, se han desvanecido. A nivel gabinete existe como principal línea de pensamiento que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos pasa en buena medida por acelerar los procesos de extradición.
Esta corriente de opinión ha chocado con el núcleo más duro en torno al presidente, que incluso le pedían que resistiera las presiones del gobierno de Estados Unidos para que no buscaran detener nuevamente a Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo. Al no ser posible, la alternativa política fue bloquear su extradición, al igual que la de Rafael Caro Quintero, culpable del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
La posibilidad de repatriación de El Chapo Guzmán es casi nula. Si Washington presiona por más deportaciones, está claro que ni en su escenario más remoto está el regresarlo a México. Pero el presidente no se ha resignado, por lo que se sabe de Palacio Nacional, y sigue queriendo que regrese.
