La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que caminar sobre una línea delgada entre tratar de responder con efectividad a las presiones del gobierno de Donald Trump y mantener un discurso de soberanía y de rechazo al intervencionismo de Estados Unidos. Hasta el momento, sus acciones han sido justificadas con un discurso que abona a los principios de la Cuarta Transformación: cooperación sin supeditación, fortalecimiento de la planta industrial mexicana, lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
En esos términos, el gobierno ha explicado cuatro decisiones que, aunque no tengan su origen en desear apaciguar a Washington, sirven para aceitar la relación bilateral: 1) los aranceles a productos asiáticos, 2) la persecución de líderes criminales vinculados a la política, 3) el combate al huachicol fiscal y, 4) la entrega de capos a la justicia estadounidense.
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Aranceles a productos asiáticos. La decisión de imponer aranceles a mercancías provenientes de Asia para proteger a la industria mexicana será leída en la Casa Blanca como concesión pero el gobierno mexicano la presenta como una medida para promover la producción nacional, la relocalización de cadenas de valor y la creación de empleos. En la lógica de la 4T, no es sumisión, sino apuesta estratégica: México quiere consolidarse como socio confiable y no como el patio trasero de productos de países con los que México arrastra un déficit comercial histórico. La aplicación de aranceles mata tres pájaros de un tiro.
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Detención de líderes criminales con vínculos políticos. El proceso contra Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco con Adán Augusto López e identificado como líder de “La Barredora”, ejemplifica la coincidencia de intereses entre la Casa Blanca y Palacio Nacional. Washington necesita que México no sea refugio de capos apadrinados por el poder local. Para la 4T, el mensaje es claro: Morena no protege a políticos ligados al narcotráfico. Aunque la medida implica costos internos, se alinea con la bandera de separar al poder político del crimen organizado y ayuda a mantener en línea a grupos políticos que coqueteen con retar al poder presidencial.
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Combate al huachicol fiscal. Las redes de importación irregular de combustibles afectan al fisco mexicano y alimentan con recursos financieros a grupos criminales vinculados al tráfico de fentanilo. La investigación sobre el decomiso de combustible en Altamira, que involucra a sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, muestra que Sheinbaum está dispuesta a tocar intereses con peso histórico. La medida es dolorosa, pero coherente con la máxima de que “el poder se ejerce para servir, no para saquear”.
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Entrega de capos a Estados Unidos. En menos de seis meses, en dos tandas, el gobierno de México ha entregado a Estados Unidos a cincuenta y cinco líderes de alto perfil del crimen organizado. Desde la óptica bilateral, la acción refuerza el compromiso de México en el combate al crimen organizado transnacional. Desde la narrativa interna de la 4T, se convierte en ejemplo de que nadie está por encima de la ley. Lo que podría verse como concesión se traduce en mensaje de fortaleza: el país se deshace de lastres que corrompieron la vida pública durante décadas.
Hasta el momento, Sheinbaum ha logrado convertir lo que parecen concesiones a Estados Unidos en victorias narrativas de la 4T. Los aranceles refuerzan la industria mexicana, las detenciones de capos y el combate al huachicol limpian la política y fortalecen al Estado y las extradiciones muestran un gobierno decidido a romper la impunidad criminal. Las medidas son coherentes con la misión de “regenerar la vida pública” y no son claudicaciones frente al vecino del norte.
Hoy, en materia de seguridad, parece evidente la convergencia de intereses entre Estados Unidos y México. Pero, con cada acción policíaca, el gobierno mexicano respalda la narrativa estadounidense de que el crimen organizado ha penetrado las estructuras de autoridad en México y ha construido lazos con la nueva clase política de la Cuarta Transformación. A mediano plazo, puede tener un alto costo político para el gobierno de Morena. Las posibles revelaciones de El Mayo Zambada o de los miembros de la familia Guzmán abrirán nuevos capítulos de corrupción política en México. El gobierno mexicano encontrará muy costoso lo mismo perseguir a los implicados que ignorar los señalamientos. Con el fuego de las revelaciones, vendrá el llanto y el rechinar de dientes.
