PLAZA DE ARMAS
- Exhibe SCJN excesos del gobierno estatal
- Que estamos “blindados” ante la violencia
- Primer caso de Covid 19 enciende alertas
- Sufre Secretaría de Gobierno por quemón
Por piernas: Sabino
Canalla.
Eso era la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado propuesta por el gobernador Francisco Domínguez Servién, aprobada dócilmente por la Legislatura anterior (la 58) y muy justamente cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo informó ayer PLAZA DE ARMAS.
El mamotreto de 2015, elaborado en la Secretaría de Gobierno, subía de 28 a 30 años la edad para la jubilación de los burócratas estatales y municipales, ponía (por primera vez) una edad para merecerla, 60 años, y un límite a las pensiones.
Una verdadera injusticia.
Déjeme que lo ilustre así: A un empleado que ingresó muy joven al gobierno en la administración del gobernador Mariano Palacios Alcocer, o sea hace 35 años, ayer le faltaban 5 años para jubilarse; hoy le sobran 7 al borrarse el requisito de la edad, como estaba en la ley anterior.
Cientos de trabajadores, más bien miles, resultan beneficiados ahora o mañana con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación al revocarse la reforma que ordenó Pancho apenas iniciado su gobierno para no gastar en nuevas pensiones.
La ley de marras estuvo vigente más de cuatro años, impidiendo que quienes cumplían sus 28 años de servicio pudieran tener un retiro digno. Por decisión del virrey tendrían que esperar otros dos o más si no llegaban aún a los 60 años.
Imagínese, como le decía, alguien que entró muy joven, de 20 años por decir algo, al servicio del gobierno o de los ayuntamientos y que aún cumpliendo con la nueva exigencia de 30 no tenía los 60 de vida, sino 50. Le faltarían 10.
Ya no.
El máximo tribunal del país echó abajo la reforma panchista porque contravenía conquistas laborales y chocaba con el quinto transitorio de la propia legislación que -oh, sorpresa- olvidaron derogar sus abogados, operadores legislativos y diputados, algunos de los cuales están repitiendo.
Eso muestra claramente el talante y el abuso de esta administración, la del señor Domínguez, a la que tuvo que corregirle la plana la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¡Nuevos días!
-¡OÍDO EN EL 1810!-
¿Reforzados?
Dicen las autoridades estatales que se han blindado los límites con Guanajuato tras los hechos violentos de este martes.
Que no pasarán, aseguran, pues las carreteras libre y de cuota a Celaya están súper vigiladas por policías estatales y municipales.
Que alguien les avise que los delincuentes utilizan caminos vecinales, no las autopistas.
Les digo.
-¡PREEEPAREN!-
Olé.
El primer caso de coronavirus en el estado llegó de España. Un ciudadano de aquel país viajó a nuestra entidad y trajo el temible Covid-19.
Las autoridades ya atienden al español de 43 años.
Habrá que reforzar las medidas de higiene en casa, trabajo y cualquier sitio al que vayamos.
Es un tema delicado.
-¡AAAPUNTEN!-
En pesos.
Compañías trasnacionales que enviaban a empleados de diversas partes del mundo a Querétaro, han cancelado sus visitas.
Esto ha generado una caída del 18% en la ocupación hotelera local. Más lo que falta.
Como nuestra entidad, en distintas partes de México y el mundo sufren los estragos del Civid-19.
¡Cuídese!
-¡FUEGO!-
Bienvenida.
En diversos sectores de la sociedad queretana fue aplaudida la medida tomada por la Suprema Corte de Justicia contra la reforma canalla.
Donde están que no los calienta el sol es en las oficinas del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, tras la pifia y quemada de su jefe, el gobernador Francisco Domínguez.
Porca miseria.
