La fugaz ilusión de modificar la iniciativa para entregarle el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, (Infonavit) al gobierno, merced a la cancelación de un periodo extraordinario y el desarrollo de foros consultivos en un (falso) parlamento abierto, quedó absolutamente sepultada ayer mismo desde la fuente original de la iniciativa: la presidencia de la República.
Ya no hay nada más. Kaput, diría Malaparte.
La titular del Ejecutivo explicó a su manera, en el lenguaje dogmático de las acciones contra la corrupción y todos los demás recursos retóricos de la Cuarta Transformación, lo inamovible de la idea central: usar los recursos de las trabajadores para la propaganda inmobiliaria del gobierno cuya capacidad constructora en este periodo ha ido a dar a manos de las Fuerzas Armadas.
Si en el gobierno anterior se construyeron así las sucursales del Banco del Bienestar (no importa cuántas falten) y varios tramos del tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, no hay motivo para suponer descabellada la idea de un ejército inmobiliario con programas de habitación popular. Ya lo hacen con las unidades habitacionales del personal militar, cuyas cuentas jamás alguien revisa.
La sentencia fue pronunciada ayer en estos términos:
“…lo que estamos planteando con la reforma (CSP, tras una larga presentación del director Romero Oropeza), es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura que permita un control y una auditoría.
“Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas, porque ni siquiera son los trabajadores, o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles; y que no se den estos actos de corrupción, que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar.
“Entonces, eso es lo que está en el fondo del cambio a la Ley del Infonavit; que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos; control en el sentido de control público, de transparencia.
“Entonces, eso, más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un Fondo de Ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un Fondo de Ahorro que permita que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit: el derecho a la vivienda…”
Las tesis sobre las cuales se fundamenta la iniciativa son simples y reiterativas de los dogmas tetramorfósico: abatir los actos de corrupción e impedir los altos salarios en el instituto. Lo mismo de los seis años anteriores. Y no puede ser de otra manera. No puede el segundo piso construirse sobre una ruta distinta del primero.
Hay muchas apreciaciones tergiversadas en los argumentos presidenciales, pero vale destacar sólo una en los párrafos anteriores: “…que no solamente el Infonavit sea un Fondo de Ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un Fondo de Ahorro que permita que los trabajadores puedan tener vivienda…”
El Infonavit no “distribuye recursos a desarrolladoras inmobiliarios”; les da créditos a los trabajadores. Y en cuanto a permitir una vivienda, hay un poco más de diez millones de familias beneficiadas por la actividad de este instituto.
PECADOS
“…En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales; superior al salario de la Presidenta…”, dijo Octavio Romero “Oro-Pesa”
