El Pleno del Senado aprobó en votación nominal, por 77 votos a favor y
cero en contra, un dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo
Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos que
reforma a los artículos 3, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.
Con la modificación se fortalecerán las facultades del Estado para
determinar los elementos sustantivos de la constitución, autorización,
registro, operación y fiscalización de las organizaciones de
productores, genéricas y especializadas por producto o rama de
producción.
También darán mayor certeza a los pequeños productores para la
obtención de apoyos gubernamentales, y beneficiar a un mayor número de
productores y familias del sector social del campo, señala el
documento.
En la Ley se determinan como figuras asociativas a los ejidos,
comunidades y a las organizaciones y asociaciones de carácter
nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de
productores del medio rural y pequeñas unidades de producción, con lo
cual se dará certeza jurídica a los pequeños productores.
Determina que en las Reglas de Operación de los programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), que integran el Programa Especial Concurrente
destinados a la producción de alimentos, se establecerán los apoyos
que se asignarán para impulsar preferentemente a los pequeños
productores.
Asimismo, obligaría a las organizaciones de productores a ser
representativas, transparentes y rendir cuentas, con el objetivo de
procurar la promoción y articulación de las cadenas de
producción-consumo.
En el país existe la necesidad de terminar con las condiciones de
desigualdad y marginación que viven los pequeños productores
agrícolas, y resolver los escasos esfuerzos para el fortalecimiento,
democratización y rendición de cuentas en las organizaciones a las que
pertenecen, señalaron los senadores desde la Tribuna del Senado de la
República.
Hay una gran debilidad institucional en las organizaciones sociales en
las que confluyen, por lo que son susceptibles de corrupción y falta
de transparencia, refirieron los legisladores.
Lo anterior determina una baja competitividad y productividad, por lo
que se necesita una base jurídica adecuada para crear y consolidar
organizaciones nacionales representativas, democráticas, transparentes
y que rindan cuentas de los recursos públicos que manejen.
El senador Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería, dijo que se amplía el alcance de las figuras
asociativas, como vehículo del fortalecimiento y defensa de sus
propios intereses.
Señaló que se busca reducir la carga del Estado, facultando, de manera
ordenada, a las organizaciones sociales de productores, y con especial
énfasis en los pequeños productores del país.
Miguel Romo Medina, presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos, explicó que se plantearon las modificaciones con el
objetivo de que el Estado, como ente obligado de garantizar un
bienestar del sector campesino, establezca las pautas y mecanismos
pertinentes para lograr una verdadera competitividad de los pequeños
productores dentro del mercado.
También, dijo, se pretende que las organizaciones rurales puedan
defender y apoyar con eficacia a sus miembros, en lo económico y
social; y que rindan cuentas sobre su quehacer y el manejo de los
recursos a su cargo.
La senadora Luisa María Calderón, sin Grupo Parlamentario, intervino
en la discusión del dictamen y señaló que está bien que los grandes
productores tengan derecho al desarrollo, pero también se tiene que
promover el desarrollo equilibrado.
Esteban Albarrán Mendoza, senador del Grupo Parlamentario de PRI,
refirió que con la reforma se establecen las bases para otorgar
certeza jurídica a los pequeños productores agrícolas, en la
conformación de asociaciones para la defensa y promoción de sus
intereses.
Martha Palafox Gutiérrez, senadora del Grupo Parlamentario del PRD,
comentó que con la reforma se busca beneficiar a un mayor número de
productores y familias del sector social del campo; y que las mismas
organizaciones asuman su responsabilidad en la ejecución de las
acciones para su desarrollo.
La senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI,
explicó que con esta reforma se capitaliza a los pequeños productores;
“nos inyecta ánimo, somos miles de productores en el territorio
nacional, y con esta reforma se nos permite ser competitivos”, dijo.
David Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario del PT, señaló
que el Estado tiene la obligación de garantizar que el campo sea
competitivo y de bienestar a las personas que habitan en las zonas
rurales, y así elevar su calidad de vida.
El senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo
que la ruta de transparencia que se marca con esta reforma es
importante, y fundamental la democratización de los dirigentes.
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que
la reforma a la Ley emana de una deuda histórica que se tiene con el
campo mexicano; y se fortalece a las asociaciones de productores para
terminar con las brechas de desigualdad que afecta a los más pequeños.
La reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue remitida al
Ejecutivo federal para sus efectos legales.
