Hace días, rindió su informe constitucional el Presidente de la República y ya es un monumento a la intrascendencia. La falta de avances y contenido obligó a que la agenda mediática fuera dirigida hacia otro más de los debates estériles que el presidente alienta cuando quiere imponer su decisión y el discurso público.
La militarización legal, porque de hecho ya existe, de la guardia nacional y el viraje de la posición del PRI frente a la moratoria constitucional que había acordado la oposición, movió la opinión pública, y fue una vez más el presidente, el encargado de dirigir la artillería institucional en contra de los ministros de la Corte por el tema de la prisión preventiva oficiosa, la temática que opacó el gris informe presidencial.
Lo importante es que no se profundice en la falta de resultados, en el fracaso que son los programas sociales en el combate a la pobreza y la desigualdad, en el déficit financiero del gobierno, en el fracaso del INSABI, en la confesada incapacidad para hacer llegar oportunamente las medicinas, o porque en casi un año no se ha podido recuperar la capacidad de la navegación aérea, el fracaso del aeropuerto Felipe Ángeles o los sobrecostos de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, o la corrupción desaforada en SEGALMEX. Había que reactivar el circo de la política para que no se hable de una administración ineficaz, dilapidadora y lo peor, sin una hoja de ruta, especialmente en materia de seguridad, en la que después de cuatro años sigue sin dar resultados la incógnita estrategia de seguridad resumida en tres palabras: abrazos no balazos.
Previo al informe presidencial, la encuesta de El Financiero correspondiente al mes de agosto, indicó un 54% de aprobación a la gestión del presidente, que iguala su nivel más bajo obtenido en el mes de febrero de este año, y un 43% de mexicanos desaprueban su labor. Esta baja en la aprobación se origina en los actos de violencia registrados que muestran el empoderamiento de los carteles o bandas del crimen organizado.
Sobre esto, el 68% de los mexicanos dio una evaluación negativa ante la acción de la autoridad y en cuanto a la inseguridad o el trabajo del gobierno para brindar seguridad, solo un 29% opina que se está haciendo un buen trabajo, contra 58% que dice que dice que no, mientras que a la pregunta específica respecto a la estrategia de abrazos y no balazos, el 65% opina que debe cambiar y solo el 23% está por la continuación.
Sabedor el presidente que la inseguridad está siendo el némesis de su popularidad, dobla la apuesta por su carta más fuerte que es la Guardia Nacional, cambia el discurso de la falta de resultados a la inestable situación jurídica de un cuerpo militarizado y fija el foco de atención en una discusión legal sobre las disposiciones constitucionales que lo obligan a que tenga un carácter civil, a sabiendas de que sus iniciativas son inconstitucionales.
Mientras más se discuta y no se aprueben sus intenciones, mayores pretextos tendrá para justificar la ausencia de resultados y por el momento, el foco de la atención está en la política y no en la eficiencia de una corporación que tiene 4 años estructurándose sin mayores logros, como se ha expuesto en colaboraciones anteriores (Agosto 22 Inseguridad y Política), la guardia nacional en 2021, con 99 mil elementos solo logró la detención de 8,258 personas y derivado de sus trabajos de inteligencia detuvo a 14 personas más, poniendo otras 50 a disposición del MP por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y conexos; desarticuló 6 bandas dedicadas a cometer delitos del orden federal, liberó a 21 víctimas de secuestro y puso a disposición a 6 personas por homicidio doloso.
Son número ridículos para una corporación que acapara el presupuesto de seguridad a expensas de la reducción o extinción de los apoyos que se daban a los estados para el fortalecimiento de sus policías. A pesar de esos magros números, el presidente está convencido de que su apuesta por la guardia nacional es correcta y opera políticamente para que en las cámaras legislativas se consolide la militarización de la corporación y se extienda la temporalidad de su permanencia en funciones de seguridad pública.
Es seguro que de nada servirá para disminuir la inseguridad la adscripción presupuestal y operativa de la guardia nacional en la Secretaría de la Defensa, y también es seguro que de aprobarse la extensión que el PRI propuso reformando un transitorio de la Constitución, tampoco habrá de lograrse que los militares regresen a sus cuarteles en 2028. En principio no lo quiere el presidente, que ya cambió de opinión al respecto y en segundo término derivar la discusión pública hacia el tema lo hará aparecer atendiendo el problema y trasladando los malos resultados a los obstáculos que los opositores siembran en su camino.
O sea, aquí hay más circo que sustancia y los partidos y juristas pueden seguir opinando sobre como doblaron a Alito Moreno o si se abrirá la puerta a los criminales con la prisión preventiva oficiosa, mientras el país sigue cuesta abajo, la inseguridad galopa y el presidente cuida su popularidad para no perder elecciones.
