Teresa García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro aprovecho su participación en Presencia Universitaria para retomar el tema de la Ley general de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Informó que actualmente la UAQ ha presentado problemas con las becas de posgrado por parte del CONAHCYT.
Lo anterior tiene relación con un tema de gratuidad que se establece dentro de la Ley General de Educación que fue reformada en el 2019. “La gratuidad es un tema del estado, del gobierno tanto federal y estatal (…) los subsidios estatales y federales deben ir cubriendo las necesidades de las universidades para llegar a la gratuidad” dijo.
Además, dentro de la Ley General de Educación Superior indica que la gratuidad no afectará el cumplimiento de sus planes ni de las finanzas de las instituciones de educación superior. La Ley también marca que cada institución será la responsable de realizar una plantación de acuerdo a sus posibilidades para lograr la gratuidad.
El Sistema Nacional de Posgrados CONAHCYT creó criterios que violentan el derecho a la educación de posgrado. En primera instancia los posgrados están siendo clasificados en áreas de atención prioritaria a nivel nacional. La máxima casa de estudios clasificó con 36 programas en área de atención 1 (prioritarios) y 33 programas en área de atención 2 (no tan prioritarios) y un programa en prioridad cinco al cual le fue negada su asignación de beca. Para García Gasca la situación le pareció -peligrosa- puesto que refirió que ninguna disciplina o área de conocimiento debería ser considerada como no prioritaria.
A este último caso le fue condicionado por el CONAHCYT la eliminación de cuotas como reinscripción créditos cursados para que se pueda volver a otorgar las becas a los estudiantes.
“Violenta estos artículos que acabo de mencionar (…) porque la gratuidad no es que las universidades no tengamos recursos para trabajar y en este caso las cuotas son parte del recurso propio. La gratuidad realmente depende de que se incrementen los subsidios oportunos y suficientes de acuerdo al tercero constitucional” comentó.
Por último, la académica recordó que distintas universidades han logrado meter amparos, de forma voluntaria o a nivel institucional así como recursos anticonstitucionales por parte de las y los legisladores. También incitó a la comunidad a estar pendiente en que no se violenten las funciones de investigación y educación dentro de las instituciones.
