Emilio Lozoya continuará preso en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht.
El juez de control Artemio Zúñiga Mendoza resolvió que la Fiscalía General de la República acreditó que el ex director de Pemex cuenta con los antecedentes procesales, los recursos económicos y redes familiares para suponer que puede darse a la fuga.
Para el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio de 2020 permitieron que el ex funcionario pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cuatelares. Es infundado el argumento de que el imputado no quiso sustraerse de la justicia, cuando en realidad se necesitó de una orden de aprehensión en la que quedó justificada su necesidad de cautela e, incluso, fue necesaria la extradición para conducirlo a proceso”, dijo el juez Zúñiga.
“Se considera que otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada no va a garantizar que el imputado comparezca en el proceso”.
El fallo fue dictado esta tarde en una audiencia celebrada en cumplimiento a la sentencia de la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario, quien ordenó volver a pronunciarse sobre la medida cautelar del procesado, porque la prisión preventiva dictada el pasado 3 de noviembre violaba su derecho a la legalidad.
El juez Zúñiga reiteró y abundó sobre argumentos que ya había desarrollado en la audiencia anterior, en la que ordenó el encarcelamiento de Lozoya.
Sobre las condiciones objetivas que, estimó, han variado y justifican su encarcelamiento, Zúñiga expuso que en la audiencia de noviembre pasado, la FGR presentó nuevos datos que acreditan que tiene los recursos de sobra para darse a la fuga.
Se refería a la información que proporcionó el Principado de Liechtenstein y en la que detalla que Lozoya era accionista de JF Holding SA y que esta empresa tenía una cuenta bancaria en ese país con 2 millones de euros.
Añadió que cuenta con las redes familiares que le pueden facilitar su evasión y ocultamiento, porque su esposa Marielle Helene Eckes, sus hijos y su familia política son ciudadanos alemanes y viven en ese país europeo.
Adicionalmente, el juez mencionó el hecho de la familia de su esposa es dueña de Eckes-Granini Deutschland.
El juez Zúñiga dijo que el dato del acceso a los recursos no es por sí mismo suficiente para mantenerlo preso, pero en una interpretación concatenada con otros elementos, sí puede considerarse un factor de riesgo para fuga.
Reiteró que la pena de prisión de 12 a 39 años de prisión que Lozoya puede recibir por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, también son un aliciente para que pueda tratar de evadirse de la justicia.
Valoró el hecho de que el ex funcionario haya denunciado un “aparato organizado corruptor”, para buscar un criterio de oportunidad, pero el juez puntualizó que a la fecha no se ha concretado la obtención de ese beneficio.
Unos momentos antes de que concluyera la audiencia, Lozoya , volteó a ver a su abogado Alejandro Rojas Pruneda y le soltó: “esto es una barbaridad”. Acto seguido, el ex funcionario tomó una copia del fallo de la magistrada Isabel Porras Odriozola -la que ordenó reponer el procedimiento- y la rompió en dos pedazos. Y Emilio se quedó en prisión.
