Blanche Petrich
La Jornada
Desde hace varias semanas, el jesuita Javier Ávila Aguirre, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosydhac), mantenía un diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua urgiendo por una solución al desplazamiento de una comunidad cercana a Creel, ocupada en su totalidad por una banda delincuencial. Hoy, declara a La Jornada, “rompo ese diálogo, no tiene sentido seguir hablando si no se resuelven los problemas”.
Estos días recientes, en medio del impacto y el dolor por el asesinato de sus hermanos sacerdotes de Cerocahui Javier Campos y Joaquín Mora, recibió la llamada de una madre desesperada. Horas antes de que los hombres de José Noriel Portillo, El Chueco, llegaran a la parroquia donde cometieron el triple homicidio, pasaron por la casa de otra familia con la que habían tenido problemas. Mataron a Raúl Osvaldo Berrellesa (22 años) enfrente de su esposa, secuestraron a su hermano y quemaron la casa.
“Hoy corto cualquier diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua, hasta que no aparezcan estos jóvenes. Su madre clama por ellos. Ya pasaron ocho días. A mis hermanos Javier Campos y Joaquín Mora los encontraron en 72 horas y lo agradezco de corazón. Pero a estos muchachos, ¿por qué no? ¿Por qué no salió en la prensa? ¿Por qué no fue una bomba internacional como lo de los jesuitas? ¿Quieren colgarse la medallita de que son muy efectivos?”
Es como la papa caliente
En los sermones que ha pronunciado en las misas de Chihuahua y Creel, el sábado y ayer domingo, Ávila apeló a la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal. Pero después de reflexionar, comenta a este diario, “caí en cuenta de algo que no dije en la misa en Chihuahua. Es sobre la responsabilidad, o la irresponsabilidad, del gobierno del estado. Es como una papa caliente, todos se la avientan, voltean para otro lado y nadie acaba por asumir lo que le toca”.
El sacerdote precisa que “este gobierno no puede seguir alegando que antes no los buscaban. ¿Dónde está el proceso serio, de búsqueda, que a ellos les corresponde? Es a ellos, a los de ahora, a quienes les exigimos respuestas. ¡Cuánta apatía e indiferencia!”
Sin respuestas
Sobre su decisión de romper las conversaciones en curso con las autoridades estatales, Ávila explica: “He estado tratando un conflicto muy serio con las autoridades y no he visto ni una respuesta a ningún nivel.
“El nivel municipal es el más ajeno, ignorante y marginado, que cree que nada tiene que ver. ¿Sabes que en muchos municipios –en el mío, Bocoyna, por ejemplo– no hay policía municipal? Y el presidente me dijo que no, que no va a contratar, porque si los pone, se los matan.”
El caso que está en la mesa es el de una comunidad cercana a Creel (no precisa el lugar por razones de seguridad), donde toda la población está desplazada.
“Me dicen en el gobierno: va para allá un operativo. Los operativos no bastan, no sirven. Es como soplarle a las moscas para espantarlas de un pastel. Uno se da la media vuelta y las moscas regresan. Un operativo no sirve si no se arropa el territorio, si no se le protege. En cuanto se retira el operativo, los delincuentes regresan a ocupar el espacio.”, deplora.
“Me hablan los del pueblo y me dicen: ‘Padre, me urge regresar a mi casa, está abierta, huele mal, está llena de perros’. El gobierno estatal responde: ‘vayan a cerrar sus casas’. Qué absurdo. Si regresan, los matan, qué manera tan estúpida de buscar la paz para la gente. Les he propuesto que los operativos estén acompañados por la sociedad civil, que vaya una comisión de las organizaciones para que certifiquen cómo se hacen los operativos, y darle confianza a la gente. No hacen caso. Así, ningún diálogo tiene sentido ni utilidad. Eso quiero decir. Ya no quiero callar.”