Ariel González Jiménez
La soberbia y el poder absoluto resultan ser siempre una mala combinación. Y cuando ya se tiene doblegada a la oposición, sometida a la Constitución a una mayoría calificada (obtenida inconstitucionalmente, por cierto) y los contrapesos republicanos han muerto –con ese nuevo y grotesco epitafio que los legisladores morenistas llaman sin ambages “supremacía constitucional”– la cosa se torna francamente peligrosa.
Si la sola presentación de los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (promedio de 8 y 5 cartas de recomendación de los vecinos) provocó hilaridad entre los alumnos de Harvard, lo natural para un gobernante humilde y sensato sería preguntarse por qué mueven a risa dichos requisitos. Lejos de eso, la Presidenta Sheinbaum optó por cuestionar a la prestigiada Universidad (no a sus alumnos, que fueron los que se burlaron), mentir nuevamente sobre la supuesta elección democrática de jueces en Estados Unidos e insistir en algo que ciertamente puede matar de risa (o de llanto) a cualquier experto nacional o internacional: que la reforma judicial aprobada por los diputados y senadores de Morena se convertirá en un ejemplo mundial.
Desde luego, la soberbia se ha instalado en todos los niveles de gobierno. El exsecretario de Gobernación y ahora senador, Adán Augusto López, no tuvo ningún empacho en señalarle al presidente del PAN, Marko Cortés, que a su partido o a cualquier otro de oposición le tomaría por lo menos medio siglo alcanzar la mayoría necesaria para cambiar la Constitución, tal y como Morena viene haciendo de acuerdo con las instrucciones dejadas en el llamado Plan C por López Obrador. Tal vez el senador López espera que le agradezcamos que sus cálculos no sean tan delirantes como los del jefe del Tercer Reich, quien aseguraba que este duraría mil años.
Así pues, decididos a ser ejemplo mundial –efectivamente, las naciones de todo el orbe miraron con estupor el uso de la tómbola, como mero adelanto de lo que viene–, el Poder Ejecutivo y Legislativo trabajan al unísono para impulsar la reforma judicial aprobada y demostrar que se trata no de un capricho, sino de una necesidad que “el pueblo mexicano” (es decir, el 36% del padrón electoral que votó por Morena) respalda.
Me llama la atención que la Presidenta Sheinbaum se muestre completamente segura de dos cosas. La primera, es que los jueces que serán electos el próximo año y en 2027, “van a ser buenos jueces, buenas juezas, preparados…no como ahora”. Es decir, sin importar las condiciones de violencia extrema, inseguridad, caciquismo y corrupción que vive buena parte del país, ella da por hecho que los jueces elegidos serán buenos. ¿Por qué tendría que ser así?
El puro sentido común diría que si muchos jueces de carrera fueron comprados por el crimen organizado o los dueños del poder político y económico, los jueces electos serán con mayor facilidad presa de estos intereses o directamente sus candidatos. ¿Cómo cree la Presidenta y sus legisladores que será la elección de jueces en los sitios que están bajo fuego o en esos territorios perdidos en la inseguridad? ¿A quiénes se irá a elegir en lugares como Culiacán, Zacatecas, Tijuana, Michoacán o Chiapas?
Otra cosa, de la mayor importancia: ¿podrá llevarse en paz, con garantías mínimas de seguridad, todo este proceso de elección popular de magistrados, jueces o ministros? ¿O se abrirá un nuevo capítulo de violencia como el que se vivió en las pasadas eleciones, las más violentas de nuestra historia?
Ahora bien, adicionalmente es previsible que la indiferencia y el abstencionismo, en un proceso tan complejo como el que se propone (con montones de papeletas y nombres de candidatos imposibles de conocer), se impongan. ¿Qué legitimidad y autoridad podrán tener los nuevos jueces y ministros electos “democráticamente”? Va a ser muy difícil que hasta entre los partidarios de Morena no quede la sensación de que todo ha sido una farsa. Falta ver, por lo demás, quiénes constituirán el Comité de Evaluación para la selección de las candidaturas que será presentado esta semana y la disputa por los listados que serán aprobados.
La segunda certeza que tiene la señora Presidenta es que “la decisión que se tomó es una decisión responsable. La elección de jueces y juezas es responsable. ¿A quiénes van a servir los jueces y juezas de manera imparcial? Al pueblo y a la nación”.
Pero, ¿cómo puede ser “responsable” una decisión que se tomó sin escuchar a los directamente afectados y mucho menos a los expertos y estudiosos a nivel internacional que señalaron como una atrocidad la reforma aprobada? Entiendo que la Presidenta Sheinbaum intente tranquilizar a los mercados e inversionistas asegurándoles que no hay por qué temer, pero francamente su interpretación de la justicia y de la “imparcialidad” de los jueces electos es por lo menos poco convincente. ¿Deben “servir” los jueces al pueblo”? ¿Y si el pueblo desea linchar a alguien el juez electo debe consentirlo? ¿Debe servir a la “nación”, es decir, a las autoridades del gobierno que la representan? Con ese criterio, ¿nos podrá defender un juez de alguna arbitrariedad gubernamental? No será posible. Y yo que pensaba que los jueces sólo deben servir a la ley, a la Constitución. Qué ingenuo.
La reforma judicial aprobada comenzó siendo una venganza; ahora es un peligroso experimento y mañana será un espantoso caos.
@ArielGonzlez
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