La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro (TSJ), Mariela Ponce Villa, consideró que los plazos que está marcando la Ley General en el Diario Oficial de la Federación para poner en marcha el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, así como los plazos que se dan a las legislaturas locales para armonizar sus leyes son excesivos.
En el marco de la organización del Foro “Obligaciones Alimentarias: un acercamiento desde la perspectiva local”, en la LX legislatura local, la magistrada refirió que sería hasta julio del próximo año el plazo para que el DIF realice las normas y fundamentos para la operatividad de este registro.
Asimismo, se dieron otros 120 días hábiles más, para que las legislaturas locales puedan hacer las adecuaciones internas, es decir, hasta diciembre de 2024. Por ello, celebró que la Legislatura busque avanzar en las reformas locales.
“Es muy loable que se realicen estas reformas para garantizar los alimentos a los niños, porque es su derecho”.
