Los operadores de telefonía móvil en México carecen de tecnología capaz de salvaguardar la información de los usuarios de forma segura y escalable, especialmente tras las diversas anomalías presentadas en la validación de líneas.
Alicia Trejo, gerente Cyberlegal de IQSEC, explicó que la integración y operación de plataformas capaces de almacenar la información con alta disponibilidad y capacidad de atención a gran escala es solo uno de los retos que estas empresas deben afrontar por disposición legal.
“El reto principal no es el almacenamiento masivo, sino operar un enrolamiento de identidad seguro y escalable, que incluya validación, trazabilidad, notificación al usuario, atención de rechazos, continuidad operativa y auditoría”, dijo.
Para los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), el modelo de implementación contempla que los concesionarios mayoristas puedan habilitar plataformas y ofrecerlas como servicio a las comercializadoras, incorporando medidas adecuadas de protección de datos personales.
Trejo aclaró que la biometría, por sí sola, no erradica la extorsión ni los ilícitos cometidos a través de medios digitales móviles, tal como pretende la medida que entró en vigor en la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Su valor real, cuando se emplea de manera proporcional y con gobernanza adecuada, consiste en reducir el anonimato operativo y aumentar la trazabilidad, dificultando la compra o activación masiva de líneas utilizadas para fraude y extorsión”.
Para lograr que la información se resguarde y no se vulnere, la inversión que deberán realizar las compañías de telefonía móvil implica desarrollo o adecuación de plataformas, integración con fuentes confiables, fortalecimiento de centros de atención, capacidad operativa 24/7, controles antifraude, infraestructura resiliente, pruebas, auditorías y operación continua con personal especializado, monitoreo y respuesta a incidentes.
“En el sector de telecomunicaciones, el mayor desafío suele ser sostener la seguridad y la disponibilidad a gran escala, lo cual, bien implementado, representa un beneficio directo para la población y para el Estado mexicano”, concluyó Trejo.
