El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que en lo que va del año se han registrado 400 detenciones de unidades que ofrecían servicio de transporte irregular en distintos puntos del estado.
El funcionario precisó que estas acciones corresponden a vehículos que operaban sin concesión ni permiso vigente, y que tampoco pertenecían a plataformas autorizadas para la prestación del servicio de transporte de personas en la entidad.
Indicó que cada una de las detenciones deriva en el aseguramiento inmediato de la unidad y su traslado al corralón, como parte de los procedimientos establecidos en la legislación estatal en materia de movilidad.
“En el número de detenciones de servicio irregular son 400 detenciones las que hemos tenido en todo el estado”, señaló el titular de la AMEQ al referirse al balance anual de los operativos.
Cuanalo Santos explicó que, conforme a la normatividad vigente, todas las detenciones implican una sanción económica de 80 mil pesos, además del resguardo del vehículo en el corralón, sin que existan excepciones a esta medida.
“Las sanciones que ha habido de estas 400 detenciones implican llevarse el vehículo al corralón y una multa de 80 mil pesos, como lo marca la ley”, afirmó.
Detalló que la aplicación de estas medidas responde a un mandato legal enfocado en la seguridad de las personas usuarias del transporte público y privado, al verificar que las unidades cuenten con condiciones mecánicas adecuadas para circular.
Asimismo, subrayó que la ley exige que los conductores estén debidamente capacitados y que las unidades dispongan de un seguro vigente que permita cubrir daños personales y materiales en caso de accidentes.
El director de la AMEQ destacó que las detenciones se han realizado en todos los municipios del estado, y que la dependencia cuenta con estadísticas desagregadas por demarcación para dar seguimiento puntual a este tipo de servicios irregulares.
Finalmente, indicó que una vez aseguradas las unidades, corresponde a los propietarios cubrir tanto la multa económica como los costos de corralón para la liberación del vehículo, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad competente.
