En los meses recientes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido reconsiderar la histórica política exterior de su país sobre Venezuela y Cuba. En buena parte, la coyuntura revela las intenciones detrás de este giro que, aunque relativamente discreto, sin duda es contundente.
La guerra con Ucrania, las elecciones intermedias y el desabasto de materias primas globales y petróleo —sobre todo de este producto del que Venezuela cuenta con amplias reservas— son algunas variables que explican la flexibilización de la política de la Unión Americana.
Sobre Cuba, el cambio se concentra en la reactivación de los vuelos directos desde Estados Unidos, aumentar las actividades consulares y, principalmente, la suspensión del límite de mil dólares por trimestre para el envío de remesas. En Venezuela, las sanciones dirigidas al comercio petrolero son el objetivo principal y, en consecuencia, la posible apertura a la inversión de la nación norteamericana.
Las estrategias aplicadas en los últimos años desde Estados Unidos a Cuba y Venezuela fallaron. Ni el aislamiento económico ni la máxima presión política han causado algún efecto positivo o mejora en la vida de la población de esos dos países; al contrario, se contribuyó en forma importante a reducir sus oportunidades, promoviendo así la migración irregular hacia el norte del continente.
Sin eximir responsabilidades a sus propios gobiernos, el régimen de sanciones favoreció el deterioro de la situación económica y política en ambos territorios. Por tanto, los recientes cambios en el enfoque estadounidense brindan la posibilidad de atender ambos desafíos, con planes que prioricen el bienestar de esas poblaciones.
Como señalan Geoff Ramsey y David Smilde, analistas del Washington Office on Latin America (WOLA), la reorientación de la política sobre Venezuela no debería interpretarse como un abandono de los esfuerzos por revertir la crisis en ese país, sino como el intento de concentrar los esfuerzos en presionar para la concreción de compromisos e incentivar las reformas necesarias, a fin de mejorar la vida de la población.
En un viraje interesante sobre su política hacia Cuba, Estados Unidos busca alentar el crecimiento del sector privado en la isla, con el respaldo de un mayor acceso a los servicios de internet, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico. Aunque no se detallan con precisión los caminos que seguirán, sí se adelanta que buscarán la forma de apoyar a emprendedores cubanos independientes (mujeres y hombres) para que participen en actividades comerciales, e incrementar el posible acceso a microfinanzas y asesoramiento.
Las medidas anunciadas podrían contribuir a mejorar la vida de la población cubana, a través de la llegada de remesas desde el exterior, y de este modo, reducir algunas causas de la migración irregular.
Aunque un compromiso con el Gobierno del país caribeño podría representar riesgos internos, principalmente en el electorado de origen cubano del sur de Florida frente a los próximos comicios intermedios, lo cierto es que los costos políticos por una crisis migratoria en la frontera estadounidense, por la potencial crisis humanitaria que se pudiese desatar, serían mucho más profundos y de alcances nacionales.
Mejorar la situación de la población debe ser la prioridad de cualquier revisión de la política hacia Venezuela y Cuba. Las olas migratorias irregulares actuales, propiciadas por el deterioro de las condiciones económicas, en gran medida inducidas por las firmes sanciones internacionales, son fenómenos que deben atenderse a la brevedad. En tal sentido, la reorientación de la política exterior estadounidense a este respecto es un avance.
Por el momento, deseamos que las condiciones mejoren para que las partes en conflicto en Venezuela reanuden las conversaciones que se llevan a cabo en México desde al año pasado. Además, desde aquí nos mantenemos pendientes y siempre con disposición a cooperar en favor de las poblaciones de esas dos naciones hermanas, así como de otras, en beneficio de los sectores más vulnerables.
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