El diputado Guillermo Vega Guerrero entregó, de manera oficial ante la LX Legislatura de Querétaro, la propuesta de iniciativa de la creación de la normativa que regule el actuar de las empresas de seguridad privada.
El legislador indicó que esta “Ley Estatal de Seguridad Privada” contendría alrededor de 60 artículos; que normaría a empresas relacionadas con el traslado de valores, guardaespaldas, seguridad de desarrollos de vivienda, seguridad de antros, bares y espectáculos masivos, blindaje, servicios e instalacion de videovigilancia, entre otros giros.
“Consta de cerca de 60 artículos, y que se ha hecho un trabajo previo con la consejeria Jurídica del gobernador, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Se presenta el día de hoy, y calculamos que en aproximadamente un mes se esté dictaminándose en la comisión para presentarse al pleno. Es una ley indispensable que ya se tenga”.
Y es que el también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del congreso local indicó que todo aquel negocio que ofrezca seguridad deberá pasar una serie de acreditaciones; así como estar inscritos en un Padrón Estatal; sean de carácter local o nacional.
Señaló que actualmente se tiene registro de la operatividad de hasta 600 empresas en la entidad, “pero pueden ser más”, dijo. Entre los mecanismos que propone en su iniciativa es la realización anual de exámenes médicos y “aleatoria”, en materia toxicológica.
“Lo más importante va a ser sacar de la oscuridad mucha actuación de esta empresas que también trabajan en bares, antros. Todos van a entrar, pero enmarcado en exámenes. No van a obtener la certificación de la secretaría aquellos que no cumplan los exámenes médicos y toxicológicos”.
Vega Guerrero refirió además que se establece la creación de la Dirección de Seguridad Privada, que dependería de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la cual estará facultada para la inspección de las acreditaciones de los elementos y de la aplicación de esta nueva normativa.
Asimismo, detalló, se estipula el pago de “fianzas bianuales”, para que se deje como garantía en el cumplimiento de la normativa y de los servicios ofertados; y se dejó en claro que los empresarios no podrán contratar a ex policías o ex integrantes de alguna corporación, cuando se haya presentado una baja por alguna conducta en contra de la institución.
