La Cámara de Diputados concretó la reforma que permitirá al IMSS-Bienestar quedarse con al menos 110 mil millones de pesos de las entidades federativas, para ofrecer los servicios de salud a la población sin seguridad pública.
Con ello, se espera que a partir del 2024 las 23 entidades gobernadas por Morena ya no dispongan de los recursos federales que les han correspondido para la operación de los hospitales públicos.
Mientras Morena y aliados defendieron que con la medida se logrará avanzar al modelo de salud eficiente de Dinamarca, la Oposición argumentó que se afecta el Federalismo y se consolida la concentración de recursos por parte del Gobierno, sin rendir cuentas.
Tras una larga discusión, los legisladores aprobaron en lo general reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Salud, con 207 votos a favor y 167 en contra.
Se envió al Ejecutivo para su publicación.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) son recursos que se destinan directamente a las entidades y su administración ha sido autónoma para el pago de personal, compra de insumos y medicamentos, equipamiento e infraestructura.
Para el FASSA se aprobaron 135 mil millones de pesos para 2024, y de éstos, 110 mil millones se los quedaría el IMSS-Bienestar.
Con la reforma, se concretará que no sólo se trasladarán estos los recursos al Gobierno, sino también toda la responsabilidad de la ejecución.
El diputado de Morena Arturo Roberto Hernández Tapia explicó que con la reforma se logrará completar el mecanismo de federalización del sistema de salud del País, a través de la implementación de un sistema “de colaboración y coordinación” de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados con el IMSS-Bienestar y las entidades federativas.
“En este sentido, la reforma que votaremos plantea un mecanismo jurídico-administrativo-financiero que permite que los recursos que corresponden a las entidades federativas para salud sean canalizados al IMSS-Bienestar a través del Fondo de Salud para el Bienestar”, explicó.
Éctor Ramírez Barba, del PAN, reclamó que el problema no es el FASSA, sino la cantidad de dinero que ha dispuesto el gobierno para otorgar los servicios de salud y el retroceso en la calidad de los servicios.
El priista Yerico Abramo explicó que con la reforma quedarán sin efecto los acuerdos de coordinación para la descentralización, con lo que se afecta el esquema federalista en la dotación de recursos para salud.
“Esta no es una adecuación, esta es una abominación que destruye la Ley de Coordinación Fiscal, que detiene el crecimiento federalista en nuestro país y que pone en retroceso la dignificación de la salud”.
“El recurso va para el IMSS Bienestar, le van a mandar 135 mil millones de pesos que lo digo con toda transparencia no hay la forma de comprobarlos”, advirtió.
