La Reforma Judicial, impulsada por el expresidente López Obrador, se fundamentó en la narrativa y la percepción de corrupción en el Poder Judicial. Con la intención de combatir estos problemas, se aprobó que los ciudadanos elijan directamente a los jueces y magistrados, incluyendo a los ministros de la Corte, lo cual convirtió a México en el primer país en adoptar un sistema de elección popular para todos los niveles del Poder Judicial.
Las primeras elecciones bajo este nuevo esquema están programadas para el 1º de junio de 2025, donde se elegirán 881 cargos, incluyendo ministros de la Corte, magistrados federales y electorales, jueces de distrito y otros puestos judiciales. El INE será el encargado de organizar estos comicios, asegurando la impresión y distribución de más de 600 millones de boletas federales.
La reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que establece la elección popular de magistrados y jueces en México, ha generado diversas respuestas en las entidades federativas. En el caso de Querétaro, el proceso de implementación apenas ha sido objeto de debates y propuestas vagas que no reflejan las particularidades del estado.
El próximo 14 de marzo vence el plazo otorgado por el Congreso de la Unión a las legislaturas estatales para reformar sus constituciones y leyes locales, para alinearlas a la citada reforma. Al 28 de febrero pasado, 17 estados habían modificado sus constituciones y leyes locales para realizar la elección de magistrados y jueces el domingo 1º de junio de 2025, junto con la elección de ministros, magistrados y jueces federales.
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas han acordado que irán a un proceso de renovación total. Las entidades de Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas lo harán de manera parcial. Inclusive la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -que será juez y parte de esta elección de integrantes-, ya emitió un acuerdo para delegar atribuciones a las cinco salas regionales sobre la elección de las personas juzgadores en las entidades que integran cada circunscripción.
En Querétaro, el pasado 8 de enero Morena, el Partido Verde y el PT presentaron una iniciativa de reforma a la constitución local en materia de justicia. Esta propuesta, que adolece de la menor técnica legislativa y que es una copia mal hecha de la reforma nacional, busca alinear la legislación local con la reforma federal y plantea, entre otros aspectos, la elección y reducción de 13 a 11 el número de magistrados y la disminución del periodo en el cargo de 12 a 9 años, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, además de la elección de la mitad de los jueces en 2025.
La iniciativa pirateada por el PT, que se les adelantó a los otros partidos de la 4T, fue un petardo que poco produjo, pues a la fecha no se ha turnado ni siquiera a la comisión de Puntos Constitucionales, ni se ha trabajado sobre ella, debido a la radicalización y fragmentación de los grupos de facto de Morena (como los calificó su propio coordinador), y el desinterés del PAN que parece estar buscando entrampar la inminente reforma, pero que también desvela el enfrentamiento entre los grupos internos del panismo y los intereses de su coordinador parlamentario.
Uno de los puntos centrales de las diversas reformas que se han aprobado en otros estados, y que sería parte importante del debate aquí también, radica en los tiempos para la implementación de la elección de jueces y magistrados, de manera total o escalonada en 2025 y 2027. El INE ya dejó claro con la resolución de Nayarit, que aquí tampoco habrá posibilidad de tener elección judicial en 2025.
La implementación de la reforma ha variado entre las diferentes entidades federativas. Hay al menos tres modelos, el de Participación Ciudadana Ampliada, que establece mecanismos para que organizaciones civiles y colegios de abogados participen en la selección y evaluación de candidatos antes de las elecciones. El de Evaluación Técnica Previa, que incluye un proceso de evaluación técnica y de conocimientos jurídicos para los candidatos. Y el de Campañas Restringidas, que busca evitar la politización del Poder Judicial, optando por limitar las campañas electorales de los candidatos, prohibiendo la afiliación a partidos políticos y restringiendo el financiamiento privado.
En el caso local, la propuesta ha generado diversas opiniones. Parece que sólo algunos de los legisladores de Morena y no la totalidad de la 4T -porque en lo local ni el PT, ni el PVEM, son sus aliados-, impulsaban una pronta implementación de la reforma para el 2025. Otros actores, como el Poder Judicial, han manifestado que la elección por voto popular de jueces y magistrados podría realizarse hasta el 2027. También parece que a los poderes públicos hasta hoy, no le han dado importancia a la reforma de justicia en Querétaro, pues no ha habido más propuestas.
La mayoría de los actores políticos hasta ahora han guardado silencio, empezando por la diputada morenista que hoy preside la mesa directiva de la Legislatura, y que está de permiso continuo en su plaza de empleada del poder judicial local, pues tiene intenciones de ‘chapulinear’ de legisladora a magistrada, al más puro estilo de quien fuera su madrina en el pasado.
Sin embargo, hoy se ve lejana la posibilidad de alcanzar consensos políticos que permitan una implementación adecuada de la reforma en el estado. El pronóstico parecería llevarnos a la parálisis legislativa en el tema, al fin no hay sanción para los diputados. Más aún cuando en medio de este tema, se encuentran otros temas en la rebatinga legislativa como el financiamiento para el proyecto hidráulico de El Batán, el debate sobre la autorización de la cuenta pública, y las reformas constitucionales recién aprobadas de la No Reelección y Antinepotismo, que paradójicamente autorizan una última oportunidad de ejercerse en 2027, y que son una muestra más de la lucha de poder entre la presidente Sheinbaum y los dueños del Congreso, que ahora son rehenes -diría mejor cómplices-, de sus propios monstruos.
La elección popular de los juzgadores ha generado opiniones divididas. Por un lado, se argumenta que esta medida democratiza la justicia y empodera a la ciudadanía al permitirle elegir a quienes impartirán justicia en su nombre. Por otro lado, existen preocupaciones sobre la posible politización del Poder Judicial y la pérdida de su independencia. Experiencias internacionales como las de Bolivia y de algunas entidades de los Estados Unidos, muestran que la elección popular de jueces puede llevar a la influencia de intereses políticos y económicos en las decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia judicial se sustenta en la estabilidad en el cargo, un proceso de nombramiento adecuado y protección contra presiones externas.
La implementación de la reforma judicial en Querétaro enfrenta desafíos particulares que requieren un análisis profundo y consensuado. La propuesta de elección escalonada de jueces y magistrados ya no podrá darse, tendrá que renovarse en su totalidad en 2027. Es fundamental garantizar que este proceso fortalezca la independencia judicial y la calidad en la impartición de justicia. El diálogo entre los diferentes actores políticos será clave para lograr una reforma que responda a las expectativas de la ciudadanía, preserve la integridad y mejore la calidad del sistema judicial en Querétaro.
