Miguel Carbonell
La propuesta de reforma electoral presentada por el Gobierno de México abre un debate necesario, pero el punto central no debería ser sólo el ahorro, sino la calidad democrática del sistema. La iniciativa reúne diez ejes —desde integración del Congreso y reducción del gasto, hasta fiscalización, voto en el extranjero, regulación de IA, democracia participativa, no nepotismo y no reelección—, lo que muestra su alcance amplio y su impacto potencial en la arquitectura institucional del país.
El tema más delicado es la integración del Congreso. La propuesta mantiene 500 diputaciones, con 300 de mayoría relativa y 200 bajo una nueva lógica de asignación, además de un Senado de 96 integrantes. Aquí está la pregunta clave: ¿la reforma preserva el pluralismo y la proporcionalidad real entre votos y escaños, o favorece a fuerzas con mayor dominio territorial? La representación proporcional no es un detalle técnico; es una garantía de equilibrio político.
La agenda de austeridad electoral (reducción del costo del sistema, de sueldos, de duplicidades y de regidurías) puede ser legítima, pero tiene un límite: la democracia constitucional requiere recursos para funcionar con integridad. Ahorrar no puede significar debilitar al INE, a la fiscalización o a las garantías de competencia.
La reforma propone un “decremento del 25%” en el costo de las elecciones (incluyendo INE, partidos, OPLES y tribunales electorales), reducir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, bajar gasto en congresos, eliminar duplicidades en órganos electorales y disminuir regidurías conforme a población, con tope de 15.
Es comprensible que estas ideas tengan tracción política. El costo de la democracia en México ha sido una fuente constante de crítica pública. Y sí: hay espacios para revisar excesos, duplicidades y estructuras sobredimensionadas.
Pero conviene decirlo sin rodeos: la democracia cuesta. Cuesta organizar elecciones, fiscalizar campañas, resolver impugnaciones, capacitar funcionarios, operar sistemas y garantizar certeza. El problema no es que cueste; el problema sería pagar mucho por un sistema ineficiente. Son cosas distintas.
Donde la iniciativa parece más sólida es en fiscalización: se propone acceso oportuno del INE a operaciones financieras, prohibición de aportaciones en efectivo y uso de tecnologías para supervisión. También acierta al incluir la regulación de IA y bots en redes sociales, un problema real para la integridad electoral, aunque su diseño normativo será especialmente complejo.
La propuesta de reducción de tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral suena, para muchos, a medida de sentido común. Menos saturación, menos spots, menos desgaste. Pero también puede afectar la visibilidad de actores con menor presencia mediática o menor estructura territorial. La pregunta no es sólo si se reducen minutos, sino cómo se redistribuyen y a quién beneficia políticamente esa reducción.
Otros puntos, como el voto en el extranjero, la ampliación de mecanismos de democracia participativa, la reducción de tiempos en radio y televisión y la no reelección consecutiva, tienen relevancia política, pero requieren discusión técnica rigurosa para evitar efectos contraproducentes.
En suma, la reforma plantea temas importantes, pero su valor no dependerá de la retórica de “menos gasto” o “más voto directo”, sino de algo más exigente: si fortalece la representación, la equidad de la competencia y la confianza en las elecciones. Ese es el debate que realmente importa.
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
