Tras reconocer que existe corrupción y contrabando en las aduanas, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de la ANAM urgieron a diputados a aprobar las reformas a la Ley Aduanera propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En reunión con la Comisión de Hacienda en San Lázaro para analizar la iniciativa, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, dijo que el contrabando, la evasión y los actos de corrupción en el proceso aduanero generan una competencia desleal y ponen en desventaja a la industria y el comercio nacional.
Lo anterior, dijo, causa pérdidas de empleo, un menor crecimiento económico y disminuye la competitividad incluso en sectores sensibles para México como el calzado, textil o hidrocarburos.
“El tema de contrabando, la evasión y los actos de corrupción en el proceso aduanero afectan directamente a la recaudación y, como consecuencia, la capacidad del Gobierno para financiar los programas y proyectos prioritarios, así como los servicios púnicos que tiene el Estado mandatado prestar”, afirmó.
El funcionario federal dijo que en los últimos años la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han implementado diversas acciones para combatir estas prácticas.
Esas acciones, dijo, han permitido niveles de recaudación récord en Aduanas, de ahí que en lo que va de este año, la percepción en este sector es 200 mil millones superior a la del mismo periodo del año pasado y ya supera el billón de dólares.
A pesar de ello, Lerma Cotera consideró imperativo continuar cerrando los espacios para ilícitos en los diferentes procesos aduanales, para lo cual pidió a las y los diputados avalar la iniciativa presidencial que no son sólo ajustes técnicos o de procedimiento, sino una oportunidad para combatir frontalmente los actos de corrupción y evasión en un sector que es estratégico.
“La reforma puede significar una Aduana más tecnificada, eficiente y transparente que incremente la competitividad en nuestro país, puede contribuir a la seguridad nacional, a impedir el tráfico ilícito y el contrabando, puede fortalecer el Estado de Derecho y la transparencia, combatiendo la corrupción, la elevación fiscal que demanda tanto la ciudadanía, como los empresarios”, afirmó.
Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, mencionó que en los últimos años, la institución ha detectado un sinfín de prácticas indebidas e incluso ilegales que llevan a cabo importadores, agentes aduanales, almacenes generales, de depósito, los recintos fiscalizados estratégicos y empresas que cuentan con un programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), entre otros.
Jiménez Reyes advirtió que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública, la economía y la recaudación.
Como ejemplo, detalló que entre enero y agosto de este año, el SAT ha llevado a cabo 205 verificaciones mediante las cuales se han embargado 4 mil 564 millones de pesos de mercancía de procedencia extranjera, han realizado 330 embargos por 7 mil 554 millones de pesos por mercancías que, se presume, no puede acreditar su legal estancia y han integrado 109 expedientes con un perjuicio al fisco federal por 22 mil 843 millones de pesos.
Además, agregó, presentaron 60 solicitudes de cancelación de patentes de agentes aduanales por estar relacionados con empresas de mensajería y paquetería que abusan del proceso simplificado y empresas con créditos fiscales, han suspendido a 22 mil 352 contribuyentes del Padrón de Importadores que se presume incumplieron con sus obligaciones fiscales y aduaneras y han presentado 50 solicitudes por cancelación del programa IMMEX.
“Con la finalidad de combatir las diversas prácticas indebidas e ilegales llevadas a cabo por los sujetos que participan en las operaciones de comercio exterior, es primordial modificar esta importante ley, para que las autoridades fiscales y aduaneras cuenten con los elementos suficientes para revisarlas adecuadamente y, en su caso sancionarlas”, aseveró.
Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, aseguró que la reforma busca cerrar espacios a la corrupción mediante la definición de competencias, el establecimiento de mecanismos que garanticen mayor eficiencia en la supervisión de los puntos de entrada y de salida de mercancías y la modernización de la figura de Agente Aduanal.
Dijo que si bien no escapa de su conocimiento la inquietud que ha generado la iniciativa entre los agentes y agencias aduanales por temas como la responsabilidad que tendrían en cuanto a la correcta determinación de pago de las contribuciones, esta modificación deviene de obligaciones que actualmente ya tienen.
