El domingo 11 de julio de 2021, manifestantes de Cuba salieron a las calles del municipio de Santiago de los Baños, una ciudad que se encuentra a 26 kilómetros al sur de La Habana, para protestar por la escasez de alimentos y medicinas y por los apagones, así como para exigir a las autoridades vacunar a la población contra la COVID-19.
La protesta se expandió a través de las redes sociales, particularmente por Facebook, generando en otras plataformas digitales más convocatorias para manifestaciones. Cabe recordar que la apertura digital fue alcanzada a finales de 2018, ya que el Gobierno cubano autorizó el acceso a redes sociales en los teléfonos celulares.
En la prensa internacional se reseñó que el mismo domingo 11 de julio en la noche los servicios de telefonía celular comenzaron a interrumpirse y se empezó a restringir, por parte del Gobierno, el acceso a internet. También se informó que hubo varias detenciones, personas desaparecidas y arrestos violentos a cargo de la policía cubana.
El presidente estadounidense Joe Biden pidió “no reprimir las manifestaciones con violencia y escuchar al pueblo”. Calificó al de Cuba como “Estado fallido que reprime a sus ciudadanos”, y agregó que “el comunismo es un sistema fallido”.
Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como el Gobierno de ese país, han admitido el malestar ciudadano, pero también han acusado al Gobierno estadounidense de estar detrás de las manifestaciones y de la manipulación en redes sociales para alentar la desestabilización de la isla.
Las autoridades del país caribeño han denunciado que los disturbios del 11 de julio fueron impulsados en redes sociales desde la ciudad de Miami, a partir de compañías estadounidenses que dominan el ciberespacio, y con participación de grupos opositores a la Revolución cubana, con el uso de imágenes falsas, manipuladas y fuera de contexto.
En México, el presidente López Obrador señaló que “debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia”. Agregó que, “si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo”, y expresó: “debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos”.
Pero no sólo los principios internacionales de derecho han sido evocados en el caso cubano, sino también las resoluciones que ha tomado la Organización de las Naciones Unidas respecto al embargo económico, comercial y financiero que padece.
La Resolución A/75/L.97, del 9 de junio de 2021, cuyo tema es: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, se añade a las precedentes 28 que se han adoptado año con año desde 1992. La de 2021 fue finalmente adoptada con 184 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
De acuerdo con el Gobierno cubano en su informe Cuba vs. bloqueo, presentado en septiembre de 2020, también ante la Asamblea General de la ONU, el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado durante casi seis décadas a la isla caribeña ha generado daños acumulados por un total de 144,413.7 millones de dólares.
En este contexto, tanto Cuba como Estados Unidos, sin olvidar al resto de América Latina y el Caribe, requieren de diálogo y de comprensión mutuos, no de denostación, violencia o injerencia. Los principios de derecho internacional deben prevalecer bajo cualquier circunstancia, así como la legítima voluntad del pueblo cubano de continuar o no con su sistema político y económico.
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