El Gobierno federal envió a la Comisión Permanente la iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de extorsión.
La propuesta será turnada el próximo miércoles a la Cámara de Diputados, que la enviará a la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el morenista Leonel Godoy, a fin de inicie su análisis y discusión.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la reforma será discutida por el Pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
“Se prevé que sea el próximo periodo de sesiones, el mes de septiembre. Se puede abrir la discusión desde la semana próxima, para que sea todo julio y agosto y en septiembre podamos ya votarla”, dijo.
Monreal comentó que estas modificaciones se sumarán a la lista de prioridades de la mayoría, entre las que están las leyes secundarias restantes de la reforma judicial, las leyes secundarias en materia de prohibición de vapeadores y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
La iniciativa del Ejecutivo federal modifica la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución referente a las facultades del Congreso.
Los cambios agregan la palabra “extorsión” para otorgarle al Congreso la facultad de expedir una ley reglamentaria referente a este ilícito.
“Se presenta esta iniciativa ante esta H. Cámara, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general, en la cual se establezca como mínimo, la homologación del tipo penal y de sus penas”, plantea.
En la propuesta se reconoce la expansión y la alta incidencia de este delito, la cual explica por la pluralidad de medios comisivos, tales como instrumentos telefónicos, electrónicos y tecnológicos que le permiten al agresor no tener contacto con la víctima.
Las acciones en materia de prevención y combate, se señala, han sido insuficientes en todos los órdenes de Gobierno, al tratarse de un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, de ahí que se trata de un ilícito cometido incluso en contra de funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan.
“De esta forma, emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”, se advierte.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sólo considera las denuncias presentadas, se precisa, en 2022 se registraron 11 mil 39 víctimas de extorsión, en 2023, 10 mil 950 y en 2024, 10 mil 804.
“La incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 se registró un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento de 57.62 por ciento en sólo seis años”, sostiene.
