“No a la mal llamada ‘Ley de Aguas’ que condena a la privatización y al desabasto de agua a las generaciones presentes y futuras”; publicó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, al expresar su desacuerdo en torno a la aprobación de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado”.
Consideró que estas disposiciones van en contra de los intereses comunes y del medio ambiente; y señaló que ley no muestra datos que sustenten la viabilidad de lo que representará concesionar el servicio; con un análisis de capacidad de carga que permitan determinar si existe agua suficiente para el abasto ecosistémico y humano.
“Sin estos datos no es posible saber con certeza si hay agua suficiente y cuánta se puede concesionar, de donde y por cuánto tiempo. Señor gobernador, es de sabios reconocer errores y retomar el camino”.
García Gasca refirió que, al no ser una reforma integral en la materia, no se podría concesionar un servicio del cual no se conoce la disponibilidad. Recalcó la importancia de que se hagan e integren estudios sobre la situación actual del agua en Querétaro.
En entrevista, García Gasca confirmó que participará en la marcha que organiza el colectivo de jóvenes universitarios “Cascadas”; y que tendrá lugar de partida en la plaza del Estudiante, a las 4:30 de la tarde este viernes.Y es que respaldó el sentir de otras organizaciones de ambientalistas y partidos políticos, de que no es una reforma analizada a fondo, y que solamente regula las concesiones; por eso, la consideró como “mal llamada” ley de Aguas.
“Para protestar justamente por la forma y por el fondo de esta ley de saneamiento, alcantarillado y demás. En la universidad organizamos un foro, que resonó esa misma semana en donde se organizo un foro en la legislatura. La posición, a través de las y los expertos universitarios, es que esta ley evidentemente no está analizada a fondo, y que solamente regula las concesiones”.
Incluso, Teresa García reconoció que el manejo de esta ley no ha sido claro, transparente, ni ha incluido la participación ciudadana; por lo que solicitó al gobierno estatal replantear la ley, a pesar de su publicación.
