ESTRICTAMENTE PERSONAL
La pandemia del coronavirus tomó a México y a Estados Unidos por sorpresa. Veinticinco años de negociaciones de dos acuerdos comerciales y relaciones estratégicas durante un cuarto de siglo, no previeron lo que ahora los abruma: cómo evitar que las cadenas de valor se quiebren y que los suministros en la región de Norteamérica se mantengan fluidos en todas las empresas esenciales para la economía, la salud y la defensa. Los dos países están tratando de homologar criterios, pero México debe impedir que le pase la aplanadora encima y que su reapertura económica sea en los términos pedidos por Washington.
La carta de más de una decena de senadoras y senadores al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que inste al gobierno mexicano a armonizar criterios para evitar la disrupción de las cadenas de valor, es parte de las presiones políticas y económicas a los dos países. Coincide con la intensa labor de cabildeo que han hecho representantes de las empresas en la Ciudad de México y Washington, en las secretarías de Estado y las embajadas, para incorporar sus sectores y productos en la lista de “empresas esenciales” que tienen que reabrirse durante los próximos dos meses en los dos países.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue advertido de ello cuando comenzaron las presiones estadounidenses, pero en México apenas empezaban a registrarse los primeros contagios del Covid-19 y su atención estaba en otros temas. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, le propuso en febrero que más allá de la relación institucional entre los dos gobiernos, encabezada por las cancillerías, nombrara un enlace (liasion) con la Casa Blanca para fortalecer un vínculo político sin intermediarios con el presidente Donald Trump. López Obrador ignoró la propuesta.
Tampoco le prestó atención al tema de las cadenas de suministro cuando empezaron a quejarse las empresas de medidas extremas de varios gobiernos estatales, en particular los de Claudia Pavlovich en Sonora, y de Jaime Bonilla de Baja California. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvieron que intervenir con Bonilla para explicarle el conflicto que estaba generando con su acción.
Los cabilderos de las empresas multiplicaron sus visitas a las secretarías de Estado en México para empujar sus intereses, por lo que López Obrador giró la instrucción que se comenzará a tratar el tema pero, únicamente, a nivel gobierno. No hablarían con nadie salvo con el gobierno de Trump, y le encargó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que tomara contacto con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, a quien conoció durante las negociaciones del acuerdo comercial. Márquez le pidió a Lighthizer que le dijeran cuáles eran, específicamente, los sectores estratégicos de Estados Unidos, pero es la fecha que no ha precisión sobre esto.
México entró a esa negociación con un déficit, porque desde el 12 febrero, con la pandemia encima, Trump firmó una orden ejecutiva para fortalecer “la resistencia nacional”, que pasó de noche en el despacho presidencial de Palacio Nacional. La tarea recayó en el Departamento de Seguridad Interna, cuya Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura produjo una Guía sobre la Fuerza de Trabajo Esencial de Infraestructura Crítica, el 19 de marzo, y la refrendó el pasado 17 de abril, sin haberla conciliado consultado con México.
La guía señala como infraestructura crítica los sectores de energía, agricultura, defensa, comunicaciones, atención médica, salud pública, transporte, agua, comunicaciones, químicos, comercio, manufactura crítica, represas, agua, servicios financieros, tecnología de la información y reactores nucleares, materiales y residuos. Está detallada de manera meticulosa y clarifica, precisó, un pequeño número de servicios esenciales y funciones en la lista.
Casi inmediatamente después de salir esta guía, más de 300 presidentes de empresas de manufacturas en Estados Unidos, le pidieron a López Obrador reabrir la actividad económica de acuerdo con los lineamientos. México nunca ha tenido una guía de infraestructura crítica. El cierre de las empresas en México se dio bajo criterios de la Secretaría de Salud, aparentemente sin tomar en cuenta el impacto que tendría en las cadenas de valor. Las secretarías de Economía y de Trabajo no jugaron un papel central en esa decisión y solamente acataron los lineamientos de Salud, avalados por López Obrador.
La inexistencia de criterios generales para este tipo de emergencias produjo que gobiernos estatales, tomaran iniciativas unilaterales. No en todo el país han parado las empresas, como algunas maquiladoras en la frontera norte. Hay otras que podrían hacer reiniciado operaciones, resultado de la negociación donde Trump exentó exportaciones de México y Canadá de equipo e insumos médicos, pero no han restablecido el total de su producción por el temor de que sean exhibidas durante los eventos diarios de López Obrador, donde discrecionalmente y sin información clara, las autoridades hacen escarnio de individuos o empresas, o quieren inhibir mediante ese tipo de acciones.
La mezcla de la política con la economía es una externalidad a la que se están enfrentando, y hay quejar entre las empresas de que hay mucho desorden dentro del gobierno. No es muy distinto, sin embargo, en Estados Unidos. Márquez le ha pedido a Lighthizer información sobre tiempos de apertura de empresas en México y porcentaje de actividad que gradualmente se vaya restableciendo, con la exigencia de que las medidas sanitarias tienen que ser idénticas a las que hay en Estados Unidos, y la advertencia de que si se llega a dar contagio en esas plantas, se clausuran. No hay respuesta aún a esta petición.
En este nuevo diferendo, inesperado e imprevisto, se ha ido aprendiendo sobre la marcha. La decisión de López Obrador es de reactivar gradualmente la actividad económica a partir de este mes. Cómo, en dónde y de qué manera, aún falta por definirse.
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