El gobierno español este sábado pidió poderes para tomar el control de Cataluña y detener el movimiento impulsado por políticos separatistas en la región del noroeste de España.
En Cataluña, autoridades del gobierno regional dijeron que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planeaba asistir a un acto de protesta antes de responder a la decisión de Madrid. En las calles de Barcelona, bocinazos y cacerolazos respondieron al anuncio de Rajoy.
El presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, dijo después de una reunión especial del Consejo de Ministros que pedirá al Senado poderes directos para disolver el gobierno regional y reemplazar sus integrantes por ministros del gobierno central.
Dijo que invocará el Artículo 155 de la Constitución para “restaurar la normalidad” en el país, que enfrenta su crisis institucional más grave en varias décadas. Añadió que se convocará a elecciones en la región lo antes posible.
El Partido Popular de Rajoy tiene mayoría en el Senado y cuenta con el apoyo de algunos partidos opositores para aplastar el intento independentista de Cataluña y mantener la integridad territorial de España.
El Artículo 155 autoriza al gobierno central a intervenir en cualquiera de las 17 regiones autónomas del país cuando se viola la ley. Jamás se ha invocado desde que rige la Constitución de 1978, pero el gobierno de Rajoy dice que es una medida de último recurso.
El objetivo es “el regreso a la legalidad y la recuperación de la normalidad institucional”, según dijo el presidente el viernes.
“Este es un proceso que ha sido unilateral, ha sido contrario a la ley, y ha buscado el enfrentamiento”, sentenció Rajoy, culpando a los independentistas de la crisis e insistiendo en que el objetivo es “recuperar la normalidad”.
Por ello, el Senado tendrá hasta fin de mes para aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, nunca usado de pleno en 40 años de democracia, y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan.
Rajoy podría forzar la destitución de líderes catalanes y convocar elecciones regionales a partir de enero. Se prevé que medidas de esa clase encuentren una agria oposición entre los partidarios de la independencia y catalanes moderados que las verían como un ataque a su autonomía.
La crisis constitucional, que ha ido creciendo poco a poco durante años, escaló este mes cuando el gobierno regional de Cataluña afirmó que un cuestionado e ilegal referendo de independencia celebrado el 1 de octubre le daba base legal para separarse de España.
El Tribunal Constitucional español ha fallado hasta ahora en contra de todas las iniciativas de secesión, incluido el polémico referendo. El sitio web de la corte parecía estar caído el sábado, y una portavoz dijo que se habían visto afectados por vandalismo de origen desconocido.
Las autoridades españolas habían advertido el viernes de posibles ataques informáticos y dijeron que en varios sitios web del gobierno habían aparecido lemas a favor de la independencia de Cataluña.
La vocera del Constitucional indicó que la web del tribunal no funcionaba y que no se había comprometido información interna. Habló bajo condición de anonimato en línea con las normas internas.
El gobierno central afirma que el resultado de la votación del referendo de independencia carece de legitimidad.
Varios partidos de la oposición han acordado apoyar al gobierno español en la intervención de la autonomía catalana para frenar el proceso independentista.
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