EL CRISTALAZO
La declaración de este fin de semana en Guerrero, en la cual el Señor Presidente —de manera confusa y poco coherente—, exonera al Estado de la responsabilidad (jamás probada, por otra parte), sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados por sicarios de narcotraficantes protegidos por los policías de Iguala y Cocula, derrumba la mitología de los beneficiarios del lamento.
Hoy, ni el Ejército, ni la Policía Federal, ni mucho menos la Presidencia de la República o la Procuraduría General de Justicia de entonces, pueden ser acusados de responsabilidad en el caso. Si atendemos a estas palabras, no hubo violación de los derechos humanos, porque no fue el Estado quien secuestró a los estudiantes. Tampoco quien los asesinó; mucho menos quien los incineró hasta el polvo y la ceniza. Quizá agentes del Gobierno; no del Estado.
Obviamente, la palabra presidencial no tiene peso probatorio ni judicial, pero políticamente (y ése es el interés de quienes atizan la hoguera del crimen de Estado), sí cambia toda la perspectiva. Pero en el discurso presidencial hay inconsistencias.
Veamos este texto y glosemos su abstrusa construcción:
“…Y también decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el Gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad siempre.
“Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario…”
El primer párrafo es una convocatoria a la inscripción de cualquiera con capacidad para ser testigo protegido. Si se necesitan testimonios de primera mano, si se buscan delatores, confidentes o simples “chivatos”, entonces no se tiene certeza de los hechos. ¿Entonces?
Pero el siguiente párrafo es un galimatías: Dice, esencialmente, que no se puede hablar de un crimen de Estado; porque este gobierno quiere conocer la verdad. Pues una cosa y la otra no tienen relación alguna. El crimen se comete o no se comete, independientemente de su investigación, su ocultamiento o su castigo.
Como dice el clásico, con todo respeto: no se puede hablar de crímenes de Estado si el Estado no los ha cometido.
Si ha incurrido en ellos (o los hubiera cometido), se podría hablar y largamente de esa circunstancia. Y además —de ser el caso—, se habría incurrido en una violación grave de los derechos humanos, tema actualmente erizado para esta administración, Pero eso es cosa aparte.
Cuando el Señor Presidente dice: “…el que les habla no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario…” mezcla las preñadas con las paridas, como dicen en el rancho.
La condición de un crimen de Estado, presumiblemente cometido, según los profesionales de la protesta hace ya muchas lunas, no depende si el actual presidente (entonces fiero opositor al gobierno supuestamente violador de los DH y criminal masivo), permitirá o no algún acto autoritario.
Esa buena conducta pública anunciada lograría, en todo caso, la no repetición de hechos como los ya mencionados, pero no incide en la naturaleza de las cosas pretéritas. Mucho menos en los resultados de investigaciones serias como las de la PGR y la CNDH.
La palabra presidencial puede mucho, pero todavía no es capaz de cambiar el pasado. No da para tanto su poder. Tampoco va a lograr la lluvia hacia arriba, ni el sol en la noche, ni el océano de aguas dulces, ni sacar agua de las piedras. De ninguna piedra.
Por lo pronto, para beneplácito de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya le han resuelto la mitad de su problema: el asunto ha salido de su área, porque si no hubo intervención del Estado, todo el terrible caso es asunto de la Fiscalía General de la República.
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