EL CRISTALAZO
La imposible protección del periodismo
Una de las frases de más inútil romanticismo, pero por eso mismo, quizá, una de las m
ás bellas de mi oficio, estaba (lo he contado otras veces), escrita en una hoja de imprenta debajo del cristal de un escritorio en la redacción del viejo “Excélsior”.
“A condición de que su director no lo abandone, un periodista no tiene nada que temer ni siquiera de un jefe de
Estado”.
Lástima. Eso no es así.
Los casos recientes de agresiones mortales, alguno de os cuales era su propio director y editor, no se van a modificar por las decisiones conjunta del jefe del Estado y los gobernadores, quienes son –en la mayoría de los casos–, grandes parásitos del federalismo fallido de nuestra también fallida república.
Preocupados por las consecuencias políticas de los hechos, por encima de una legítima e inexistente consternación por la vida de los periodistas, ya no digamos por la muerte de algunos de ellos, los políticos mexicanos se han metido en las aguas expiatorias de la culpabilidad y a golpes de discursos y minutos silenciosos, nos han querido meter el gato por la liebre.
Las medidas anunciadas anteayer ni se van a aplicar ni servirían para algo si llegarán a convertirse en realidad. Son, como dijo Yin Tsao, el narrador chino del siglo IV; “puro cuento.” Cuento chino.
Sin embargo, con fines de registro de las ofertas gubernamentales, debemos leerlas, revisarlas y conservarlas. Algún día podrán ser confrontadas con la realidad y veremos si nuestros escepticismo se justifica o es uno más de los errores de esta siempre resignada columna. Esto dice la información de la Presidencia de la República:
“…El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó hoy la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la que se anunciaron distintas acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores…
…El Primer Mandatario enumeró las medidas que a nivel federal se implementarán, y que se suman a las que llevarán a cabo las entidades federativas:
PRIMERA: “Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas.
Reiteró el compromiso asumido la semana pasada con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, de que “este Mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos
humanos”.
SEGUNDA: “Se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del Mecanismo Federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del Gobierno de la República”.
TERCERA: “Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas:
· Habrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.
· Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.
· Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
· Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos
humanos.
· Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.
· Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
“Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia”, aseguró…”.
Vamos a ver si alguien atiende el llamado presidencial.
