La diputada de Morena en Querétaro, Andrea Tovar Saavedra, habría votado en contra del decreto que autoriza al gobierno estatal la adquisición de una deuda por 3 mil 300 millones de pesos; si hubiera estado en la sesión de pleno del pasado 6 de julio.
Así lo resaltó la propia legisladora, al precisar que no ha podido asistir al congreso local, ni a la sesión de pleno, por problemas de salud, recalcando que “no fue una excusa” para no votar dicho decreto.
“Me gustaría aclarar que esto no fue ninguna excusa, como se ha manejado, pues nadie decide cuándo enfermarse (…). De haber estado en condiciones de asistir al pleno, hubiese sido en contra. Y no por estar cerrada al avance y desarrollo de Querétaro, o por ser una oposición intolerante; sino porque creo que, si las cosas se hacen de forma correcta, el beneficio es para todos”.
Además, acusó al Congreso de Querétaro, de no contar con la definición clara y transparente de los tiempos, fechas de sesiones de pleno y periodos de análisis para el estudio de las iniciativas; esto, dijo, abonaría a generar menos confusión en la votación de las propuestas.
Pese a este escenario, Andrea Tovar aseguró que, ante ello, buscará ejercer su facultad fiscalizadora desde la legislatura local para que se garantice que se ejecutarán de manera transparente los recursos que recibirá el estado, como financiamiento.
Refirió que no existe claridad en las características del adeudo, como la tasa de interés, cuánto se va a pagar, de dónde se pagará, y la definición de las obras.
De la misma manera, lamentó que la dirigencia del partido se haya ido en contra de los diputados locales de Morena que votaron a favor de esta deuda; sin considerar acciones en contra del propio adeudo. Admitió que no hay comunicación entre el coordinador de la bancada, Juan José Jiménez, con Rufina Benítez.
Sin embargo, subrayó que la determinación de la expulsión de los diputados del partido deberá ser una resolución de la Comisión de Honor y Justicia; en la que podría no verse involucrada, por su inasistencia.
“La presidenta está en todo su derecho de iniciar los procedimientos correspondientes, en caso de que considere que existe una violación a los estatutos. Sin embargo, será la Comisión de Honor y Justicia quien determine si hay expulsión, sanción o inhabilitación, o que es lo que sucede. La discusión se tornó hacia la votación de mis compañeros, y no en sí al tema de la deuda”.
