La semana pasada se publicó el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático.
Dichas reformas están enfocadas a la vulnerabilidad al cambio climático, pero llama la atención, que se emitan precisamente después del desastre en Acapulco, cuando ya se tenía conocimiento de muchas vulnerabilidades al cambio climático, entre ellas las inundaciones y las sequías.
La reforma establece que habrá que elaborar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, y esto es lo nuevo, pues ahora se contará con dos Atlas de riesgos. Más adelante en el Decreto se menciona que las acciones de elaboración y actualización de dicho Atlas de Vulnerabilidad son una medida de adaptación. Y me pregunto ¿acaso no son las acciones de Prevención y Gestión de Reducción de Riesgos las medidas de adaptación, y no la acción de elaboración y actualización -que son solo acciones de proceso-?
Creo que hay confusión o se trata sólo de una visión burocrática. Pues permítanme decir que un territorio resiliente es aquel en el que:
• Los desastres son minimizados porque la población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura adecuada.
• El gobierno local es incluyente, competente y responsable; y promueve asentamientos sostenibles.
• Las autoridades locales y la comunidad comprenden las amenazas y crean una base de información local compartida.
• Las personas se empoderan para participar, decidir y planificar su territorio.
• Las organizaciones gubernamentales y la comunidad han tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto mediante información y uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana. • Las organizaciones son capaces de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y restaurar los servicios básicos luego de un desastre. (CEPAL, 2023).
Los países, así como su infraestructura vial, de agua potable y saneamiento, electricidad así como los servicios que se proporcionan a la población enfrentan amenazas asociadas a los desastres tradicionalmente reconocidos, como inundaciones y deslizamientos, los cuales se están exacerbando por el cambio climático antropogénico. Al mismo tiempo, se hacen evidentes nuevas amenazas de desarrollo lento, como el alza de temperatura y la degradación de los ecosistemas por la actividad humana. Esta compleja combinación de factores adversos está aumentando los riesgos que afrontan la población y la infraestructura de provisión de bienes y servicios públicos. Por ello, es indispensable construir un marco de referencia para hacer frente a estos eventos, pues los países, al menos de la región de Latino América, deben tomar decisiones que les permitan hacer frente a los impactos del cambio climático. El modelo que se construya debe integrar los enfoques de reducción del riesgo de desastres y de adaptación sostenible e incluyente al cambio climático.
Asimismo, el Decreto señala la obligatoriedad para las instituciones gubernamentales en su Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación.
Pero hay que señalar puntualmente que la reducción del riesgo de desastres ha tenido históricamente un enfoque de respuesta a la emergencia, sin embargo, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad son los componentes del riesgo de desastres, por ello, para gestionar, reducir y adaptar estos tres componentes, se deben identificar y reducir las causas subyacentes del riesgo.
De ahí que para la formulación del Atlas de Vulnerabilidad hay que contemplar estrategias para la construcción de resiliencia territorial frente a desastres socionaturales, desde una perspectiva de transversalidad e integralidad, que reconozca el vínculo de la gestión del riesgo con la planificación de desarrollo y la importancia de involucrar a las comunidades en este proceso.
Por último, dejaremos constancia de algunas palabras sabias pronunciadas hace bastante tiempo, pero muy oportunas hoy en día.
Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII en su carta a Voltaire referida al terremoto que azotó a Portugal en ese siglo, expresó lo siguiente: “La gran mayoría de nuestros males físicos son obra nuestra. Teniendo el caso de Lisboa, hay que considerar que, si no hubiera habido 20.000 casas de 6 o 7 pisos y que si los habitantes de esta gran ciudad hubieran estado mejor y más ligeramente distribuidos, el daño hubiera sido mucho menor y quizás incluso nulo, como si nada hubiera ocurrido” Carta de Rousseau a Voltaire (1756).
Acorde con las líneas anteriores, es necesario definir qué es la vulnerabilidad, entendida como el grado en que un sujeto o componente puede verse afectado cuando está expuesto a una amenaza. La vulnerabilidad se refiere entonces a la condición en la que un sujeto o grupo social tiene mayor probabilidad de sufrir daños y dificultades, en su capacidad para hacer frente a desastres, resistir y recuperarse (Romero y Maskrey, 1993).
En tal sentido, se puede afirmar que la magnitud de los riesgos depende tanto de la exposición de la población a las amenazas, como de la creación, incremento y permanencia de condiciones de vulnerabilidad en dicha población.
Tanto el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático como los que correspondan a las entidades federativas y los municipios deben considerar, por un lado, las zonas, la población más vulnerable, la infraestructura de servicios públicos y los ecosistemas, y por otro lado, el conjunto de amenazas climáticas tanto para la población como para los ecosistemas naturales. Pues no bastará con considerar sólo a la población, pues también esta en juego la biodiversidad y la cuestión hídrica, en el marco del desarrollo urbano y las actividades económicas.
Juegan un papel importante los elementos metodológicos necesarios para hacer operativa una propuesta, cuyo punto central es la construcción conceptual de umbrales y ponderadores. Y estos últimos son el punto de referencia para medir la afectación potencial que en una situación de vulnerabilidad y en interacción con distintos tipos de peligros.
La vulnerabilidad representa un objeto de estudio complejo que se ha abordado desde múltiples vertientes teóricas y epistemológicas, desde aquéllas que enfatizan el peso del componente objetivo de las amenazas y tienen un enfoque naturalista, centrado en el fenómeno físico hasta diferentes perspectivas constructivistas que enfatizan el peso de las construcciones simbólicas, donde las condiciones materiales se subordinan a la dimensión cultural e ideológica. La elaboración del Atlas de Vulnerabilidad debe proponer perspectivas realistas, las cuales deben enfatizar la dimensión ‹real› tanto de las amenazas físicas y los riesgos objetivos, como de las condiciones sociales que subyacen a la desigualdad social, al acceso diferencial a recursos clave y a la valoración de los ecosistemas clave que brindan servicios y bienes ambientales necesarios tanto para el humano como para el propio ciclo ecológico.
Se recomienda que la propuesta del Atlas Nacional y los que corresponden a los estados y municipios consideren el modelo PAR (Pressure and Release), el cual desagrega los componentes de un desastre en a) causas de fondo; b) condiciones inseguras y c) presiones dinámicas. Este modelo se enfoca en explicar gráficamente la manera en la que la amenaza y la vulnerabilidad interactúan para generar las condiciones subyacentes de desastre, el cual es una probabilidad latente hasta que la combinación de las condiciones inseguras y las amenazas lo despliegan.
En este sentido, el enfoque teórico–metodológico que abordan la medición de la vulnerabilidad y la identificación de los ecosistemas, infraestructura de servicios y hogares en esa situación, dan prioridad a dos elementos principales:
la intensidad del peligro al cual determinados ecosistemas, grupos e infraestructura de servicios están expuestos y;
su relación con las condiciones materiales objetivas de la ciudad, zona, individuos o ecosistemas.
Finalmente, en estos trabajos se observa de manera importante el uso de indicadores objetivos ambientales (climáticos), sociales, económicos y de inversión pública en infraestructura, que son claves para determinar la susceptibilidad al daño.
