La pregunta tiene dos acepciones, o se hace seriamente tratando de encontrar sentido a las acciones, propuestas y pronunciamientos de este gobierno, o bien, de acuerdo a los usos del español la pronunciamos con un dejo de burla y sorna ante los desatinos e impetuosas, y en ocasiones viscerales, decisiones presidenciales.
Si es en serio, tenemos que empezar por dilucidar si estamos en un régimen constitucional de división de poderes y vigencia del estado de derecho, o éste, por lo que se ve, es un gobierno autoritario, parcial y crecientemente militarizado, en el que los poderes judicial y legislativo están sometidos a la voluntad de un solo hombre empeñado en eliminar o inutilizar, por la colonización con inútiles seguidores, a los organismos autónomos creados para acotar el excesivo poder presidencial que caracterizó al régimen priista de la segunda mitad del siglo XX.
El actual gobierno, impulsa una transformación sui géneris; pretende atender a los pobres con donaciones directas de dinero a través de programas sociales de dudosa efectividad y nebulosa operación, mientras reduce y estrangula a la administración y sus dependencias, que deberían ser fuertes para servir a esos pobres, a los que no les cae mal el dinero, pero les caería mejor tener un mayor acceso a la salud y mejores servicios hospitalarios; que se beneficiarían más con esos aumentos por decreto al salario mínimo, si hubiera empresas que los emplearan, si hubiera más escuelas de tiempo completo para compensar la falta de guarderías y sobre todo mejorar el aprovechamiento escolar; que se verían más satisfechos si se fortaleciera a las universidades existentes en lugar de crear cientos de universidades patito y si se lograra vincular la educación tecnológica con las necesidades del aparato productivo nacional y las corrientes de innovación que recorren el mundo. Existe todo un universo de opciones para beneficiar a los pobres que superan con mucho la primitiva intención de otorgar limosnas o despensas.
Son evidentes las contradicciones de este gobierno, pues salvo las transferencias directas de dinero no se percibe ninguna otra acción que beneficie directo a los pobres y sí, muchas acciones para consolidar el poder presidencial y nulificar los contrapesos institucionales que se habían creado para evitar la concentración excesiva de poder.
Era de esperarse que para reducir la pobreza y la marginación hubiera un gabinete que aportaraa más capacidad, ideas e iniciativas y no la mediocre alineación constituida con serviles y sumisos seguidores, sin perfil o competencia para los puestos que ocupan. Como era de esperarse también, un gobierno más estructurado con un plan que no sea construido con las ocurrencias de cada mañana, o lo que sucedió el día anterior, un gobierno que resuelva lo necesario y no lo urgente, que actúe como un demócrata y no como un autoritario mandatario como los que gobernaron el continente el siglo pasado. Aquellos fincaron su ejercicio en la represión de las expresiones democráticas y para ello utilizaron a las fuerzas armadas que en esa época fueron quienes quitaban y daban el poder. Por eso cabe la pregunta: ¿Qué gobierno tenemos? A estas alturas se observa que las instituciones y organismos civiles están sujetas a la voluntad, deseos y órdenes de un mandatario que está entregando las labores vitales de la república al muy institucional ejército mexicano, que por disciplina, formación y vocación respeta la decisión que democráticamente puso a este Presidente en el poder, pero que absorbe cada día más atribuciones que corresponden a la esfera institucional civil. Por decisión presidencial, el ejército ahora construye aeropuertos y viaductos, instala cajeros automáticos y gerencia bancos, administra aduanas y puertos, habrá de operar aeropuertos y ferrocarriles, distribuye medicamentos y vacunas, controla la “civil” guardia nacional y los órganos de seguridad nacional, además de atender sus obligaciones constitucionales y el auxilio en desastres naturales.
En pocas palabras ante la ineficiencia e inutilidad de un gabinete “florero” el Presidente descansa en las fuerzas armadas para la conducción del país, mientras desarticula y estrangula económicamente la estructura civil de gobierno y los institutos autónomos, contando con la complicidad de un Congreso no solo anuente sino servil.
Toda proporción histórica guardada, y salvando la constante violación a derechos humanos y represión de los gobiernos militares sudamericanos, este gobierno cada vez se parece más a estos. No está claro si el Presidente solo carga de responsabilidades a un ejército obediente y disciplinado para suplir ineficiencias, o si está intentando ganar la voluntad de sus mandos con prebendas para evitar que no respalden su proyecto transformador y le retiren su apoyo.
