Durante la entrevista pública que se hizo al candidato a ocupar la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Sergio Claudio Arellano Rabiela, se exhibió que el aspirante contaba con dos constancias de residencia; una emitida en 2020 en Celaya, Guanajuato, donde se argumenta una residencia de seis años; y otra más, expedida por el municipio de Querétaro, con 8 años de vivir en la capital.
Al recordar que uno de los requisitos de la convocatoria para encabezar la DDHQ es contar con residencia en el estado, como mínimo durante los últimos tres años, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, calificó como una inconsistencia el contar con dos documentos.
El legislador explicó que Arellano Rabiela habría participado en ese año, 2020, para ocupar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. Por ello la constancia de residencia emitida para contender; al no ganar la elección, impugnó por considerar irregularidades en el proceso.
Ahora, en 2022, Sergio Arellano busca encabezar la DDHQ; sin embargo, Vega Guerrero señaló que es necesario investigar esta situación, por lo que se notificarán al congreso de Guanajuato y a la Secretaría del Ayuntamiento de Celaya, para que se verifique la legalidad del documento; así como al municipio de Querétaro.
“Nosotros vamos a dar a conocer al ayuntamiento de Querétaro, quien es quien expide la constancia de residencia, para que ellos determinen si la expedición de esa constancia se dio apegada a derecho. Estamos obligados también a notificar al estado de Guanajuato de la participación de este aspirante, para los efectos legales a los que haya lugar en aquel estado”.
Al ser cuestionado sobre la recepción de los documentos del candidato y la determinación de permitirle a Arellano Rabiela pasar a la fase de las entrevistas, Guillermo Vega argumentó que la JUCOPO buscó abrir el proceso y dar oportunidad a que los 18 aspirantes participen; y que la fase de entrevistas tenía el objetivo de conocer la veracidad y la honestidad de los perfiles.
“Lo que queremos es darle apertura al proceso. Entender que todos tienen derecho a participar; y que también todos tienen la obligación de dar la car y de poder exponer si están verdaderamente exponiendo con honestidad y legalidad los documentos que nos están allegando. No es un tema que corresponda a los legisladores, es un tema de los aspirantes la honestidad”.
