Luego de presentar una iniciativa para la derogación del fuero de legisladores y gobernadores, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, amplió su propuesta para se incluya en los estatutos de ese partido.
Esta semana el diputado planteó la derogación del fuero para que los legisladores y gobernadores que sean requeridos por las distintas Fiscalías del País comparezcan directamente ante ellas sin pasar por una solicitud de juicio de procedencia ante la Sección Instructora.
Ramírez Cuéllar consideró necesario que a medida que el partido oficial tenga mayor predominancia en el Congreso de la Unión y los locales se promuevan restricciones para evitar arbitrariedades, erradicar abusos y garantizar la buena conducta de los servidores públicos.
La primera apuesta, afirmó, es la aprobación de la iniciativa que presentó, y reiteró el exhorto a Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno a presentarse de manera voluntaria ante las Fiscalías de Morelos y Campeche, respectivamente.
En caso de que no se alcancen los votos para el aval del proyecto en San Lázaro, el diputado planteó como alternativa que Morena adopte el mismo criterio que con el nepotismo, mediante los estatutos, para que aplique una renuncia explícita del fuero y así cualquiera de sus miembros de inmediato ante las Fiscalías, de ser el caso.
Esta podría ser una opción para evitar el trámite al Poder Legislativo, expuso, luego que la semana pasada la Sección Instructora negó el trámite a la solicitud de desafuero de Blanco, acusado por su media hermana de violación en grado de tentativa, y en el marco de su resolución definitiva ante el Pleno de diputados esta semana.
“Quizá se imponga la resolución de la Sección Instructora, que sería muy grave, quizás se imponga, pero creo que Morena debe adoptar el mismo criterio que adoptó para nepotismo electoral; si no le alcanzan los votos para que se aplique en 2027, tal y como se pretendía con el nepotismo electoral”, afirmó en entrevista.
Ramírez Cuéllar plantea que se pueda proceder penalmente contra los legisladores y gobernadores por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo y, en caso de que exista una sentencia definitiva, se les separará de inmediato.
Además propone mantener intacta la actividad legislativa, como hasta ahora señala la redacción original, por lo que los diputados y senadores son inviolables por los votos u opiniones que emitan.
