Martha Martínez
El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que deja a los estados la responsabilidad de etiquetar recursos para la atención de la población y de la infraestructura afectada por desastres naturales, así como para las acciones de prevención y de mitigación.
La propuesta abroga la Ley de Protección Civil de 2012 y expide la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, la cual establece que los estados deberán considerar en sus presupuestos al menos el 10 por ciento del promedio de las aportaciones realizadas en los últimos cinco años para la reconstrucción de su infraestructura.
“El presupuesto de egreso de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales”, se establece en la propuesta.
“El monto que cada entidad federativa debe destinar para ese objeto corresponderá, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado durante los últimos cinco ejercicios fiscales, actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de su infraestructura dañada”.
De acuerdo con el texto, las dependencias y entidades paraestatales federales también podrán destinar recursos para la atención de las afectaciones generadas por desastres naturales, pero esto será sin menoscabo de las acciones emprendidas por los gobiernos estatales.
“Las dependencias y entidades paraestatales del orden federal podrán destinar recursos conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, así como conforme a la normativa que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, celebrar compromisos plurianuales en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, sin menoscabo de las acciones emprendidas por las entidades federativas”, agrega.
También será responsabilidad de los gobiernos locales y municipales y de las demarcaciones territoriales la contratación, conforme a su disponibilidad presupuestaria, de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastres para la cobertura de daños causados.
El Ejecutivo federal considera que la modificación de las directrices para el acceso a los recursos presupuestarios busca que los estados prevean recursos y si estos no son suficientes, soliciten apoyo a la Federación a través de acuerdos que sustituirán la Declaratoria de Emergencia de Desastres Naturales.
“Al establecer nuevas directrices para el acceso a los recursos presupuestarios se pretende garantizar que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en primer momento, prevean en sus finanzas, la atención de acuerdo con la gestión del riesgo de desastres y, en caso de que los recursos resulten insuficientes, puedan solicitar apoyo a la Federación a través de los citados acuerdos”, explica.
El argumento es que con ello, los recursos otorgados por la Federación estarán justificados y atenderán de manera directa los daños ocasionados por amenazas naturales.
La iniciativa plantea que la Declaratoria de Emergencia de Desastres Naturales sea sustituida por dos tipos de acuerdos, los cuales serán otorgados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la cual se propone que sea transferida la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualmente adscrita a la Secretaría de Gobernación.
El primero es el Acuerdo por el que se Establece una Situación de Emergencia, a través del cual se reconoce que una entidad se encuentra ante la inminente, alta probabilidad o presencia de una o varias amenazas naturales y por ello se requiere prestar auxilio de inmediato a la población en riesgo.
El segundo es el Acuerdo por el que se Establece una Situación de Desastre, el cual informa sobre la presencia de una o varias amenazas naturales en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local y permite acceder a los recursos presupuestarios federales.
“Ambos acuerdos se diferencias de las declaratorias de la ley vigente en que ya no se requerirá la declaratoria de emergencia por municipio, sino que el acuerdo se emitirá por entidad federativa, con el fin de que la aplicación de recursos abarque el conjunto de municipios que fueron afectados, sin necesidad de una declaratoria por cada uno”, detalla.
La propuesta plantea también la emisión de acuerdos por el que se Establece el Término de Situación de Emergencia, mediante el cual se determinará el límite temporal a la aplicación de recursos cuando haya concluido una emergencia.
Además, pone la sobre la mesa la eliminación del Consejo Consultivo Permanente de Protección Civil, que actualmente funge como órgano asesor del Consejo Nacional de Protección Civil.
