La desigualdad social representa un rasgo estructural y, por tanto, un desafío fundamental para México y la región de América Latina y el Caribe. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), alrededor de 201 millones de personas viven en pobreza en la región, lo que es igual al 32 por ciento de la población. De ellos, 82 millones (el 13 por ciento) se enfrenta a la pobreza extrema. Esto implica que esa población se ve imposibilitada para cubrir sus necesidades básicas vitales, como sanidad, alimentación, vivienda o educación.
Los programas sociales implementados por los gobiernos han jugado un papel fundamental para enfrentar de mejor forma la realidad que aqueja a la región, especialmente en momentos de crisis como el de la reciente pandemia. Un estudio de evaluación de impacto elaborado por el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) de la Fundación “la Caixa” señala que los programas de transferencias directas, especialmente de apoyo condicionado, son una de las políticas de reducción de la pobreza más consolidadas.
Estos programas tienen como propósito romper el ciclo de la pobreza mediante la entrega de dinero a familias de bajos ingresos a cambio de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, en materia de vivienda, salud y educación para sus hijos. Según el estudio, actualmente existen más de 30 programas de este tipo en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo.
El estudio revela que en los últimos 20 años estos planes gubernamentales, focalizados en los grupos de mayor vulneración, previnieron las muertes de casi 740,000 niñas y niños menores de cinco años en Brasil, México y Ecuador. Esto representa una caída del 24 por ciento en la tasa de mortalidad infantil. Por ello, el estudio recomienda proteger los programas sociales de transferencias directas en la región.
En México, el Gobierno destina múltiples recursos en todo el país para erradicar la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares con menos recursos, a fin de atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Por décadas, los programas sociales han sido fundamentales para la política social de la nación.
Los programas para el bienestar impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro son un elemento clave en este esfuerzo. Las transferencias directas que facilitan estos programas sociales, aunadas a otras políticas, como el aumento al salario mínimo, ayudan a reducir la pobreza en todo el país.
Los resultados del período 2020-2022 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) así lo demuestran. Según los datos, hoy México es menos desigual que en 2018, cuando inició la Cuarta Transformación. Esto se observa en el aumento en los ingresos de los hogares, personas y entidades federativas que reporta el sondeo. Y aunque es un avance importante, debemos continuar fortaleciento estos programas para ampliar su cobertura y someterlos a evaluaciones de impacto más exhaustivas, con el fin de asegurar que cumplan las metas en la población objetivo.
Es imperativo avanzar con mayor contundencia en nuestra misión de erradicar las injusticias sociales, como la desigualdad y la pobreza. De esa manera lograremos cambiar de fondo las condiciones económicas y sociales de México, para construir juntas y juntos una oportunidad real que se refleje en los hechos.
Como he afirmado en este y otros espacios, el objetivo es vencer las brechas sociales que nos dividen y separan, para que todas y todos tengamos la posibilidad de desarrollar de manera cabal nuestro potencial.
