El pasado informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo fue el primero de su administración, sino también una suerte de examen preliminar frente a la ciudadanía y a los poderes fácticos. En él, se buscó marcar la diferencia con el estilo de Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo reafirmar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Como suele ocurrir en estos ejercicios, lo que se dice y lo que se omite es igualmente relevante.
En la narrativa oficial se destacaron logros y promesas: una nueva política de seguridad pública que pretende superar el modelo militarizado de su antecesor, un giro en materia comercial con el anuncio de la renegociación arancelaria con Estados Unidos, y un énfasis en la consolidación de programas sociales. Sin embargo, el mensaje se vio empañado por hechos recientes vinculados al crimen organizado relacionados con la detención de 14 personas —incluyendo marinos y personal de aduanas— por el llamado “huachicol fiscal”, es decir, el tráfico ilegal de combustibles.
Estos hechos se suman al escándalo del grupo delictivo La Barredora en Tabasco encabezado por el exsecretario de seguridad pública estatal Hernán Bermúdez Requena y su vinculación con Adán Augusto López, líder del Senado, exsecretario de Gobernación con López Obrador, y exgobernador de Tabasco.
El informe, más que un corte de caja se convirtió en un espejo que refleja las tensiones entre el discurso presidencial y la dura realidad del país.
Uno de los anuncios más relevantes fue la intención del gobierno mexicano de negociar ajustes arancelarios con Estados Unidos. La Casa Blanca, presionada por sectores agrícolas e industriales, ha reclamado a México medidas que van desde restricciones a ciertas importaciones hasta mayor control en el tránsito de mercancías.
Sheinbaum planteó un tono más técnico y pragmático que el de López Obrador, quien solía recurrir a la retórica nacionalista para resistir presiones de Washington. En contraste, la presidenta habló de “cooperación estratégica” y de “equilibrio en los beneficios del T-MEC”, dando señales de que México no buscará el enfrentamiento, sino la administración política del conflicto comercial.
El cambio no es menor. Durante el sexenio pasado, el presidente López Obrador asumió un rol reactivo, confiado en la cercanía personal con Donald Trump y después con Joe Biden. Ahora, Sheinbaum parece comprender que la relación debe institucionalizarse y diversificarse, con canales de negociación que vayan más allá del voluntarismo presidencial.
El desafío, sin embargo, será enorme: el año próximo habrá elecciones en Estados Unidos, y el tema migratorio y comercial volverá a ser utilizado como arma política. México corre el riesgo de ser arrinconado entre presiones arancelarias y la exigencia de mayor control fronterizo.
El segundo gran eje del informe fue el cambio de estrategia en seguridad pública. Sheinbaum reconoció, con un tono inusual en el oficialismo, que el país enfrenta niveles de violencia que no pueden seguir siendo enfrentados únicamente con despliegues militares.
La presidenta propuso fortalecer la coordinación con policías estatales y municipales, dar prioridad a la inteligencia financiera y tecnológica, e invertir en prevención social del delito. Si bien no se habló de un retiro inmediato de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad, el énfasis estuvo en devolver protagonismo a las instituciones civiles.
Este viraje es significativo respecto a la administración anterior. López Obrador, pese a prometer lo contrario en campaña, consolidó la militarización de la seguridad a través de la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa. Sheinbaum, en cambio, parece entender que el costo político y social de esa apuesta fue alto: lejos de pacificar, se multiplicaron los territorios dominados por el crimen organizado.
No obstante, el discurso presidencial aún enfrenta escepticismo. La reciente violencia en Tabasco, con enfrentamientos y bloqueos atribuidos a La Barredora, y el escándalo de funcionarios de Marina y aduanas implicados en contrabando de combustibles, exhiben la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. Hablar de cambios de estrategia sin resultados tangibles podría volverse rápidamente un boomerang.
La sombra de la delincuencia organizada se ha convertido en una pesada losa. El momento más incómodo para la narrativa oficial fue el contraste entre el informe y la agenda mediática de los días previos. La captura de 14 personas vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, entre ellas miembros de la Marina y personal de aduanas, dejó en evidencia la profundidad de la corrupción en áreas estratégicas del Estado.
Si en el sexenio de López Obrador el huachicol se convirtió en símbolo de la lucha contra el robo de combustibles, en el arranque de Sheinbaum aparece su versión más sofisticada: el huachicol fiscal, un entramado de importaciones ilegales, evasión de impuestos y colusión institucional.
El caso, lejos de ser un hecho aislado, refleja la persistencia de redes criminales enquistadas en las estructuras de gobierno. A ello se suma el asedio del crimen organizado en estados como Tabasco, Guerrero y Michoacán, donde los grupos delictivos operan con despliegues cuasi militares.
Estos episodios empañaron el informe y recordaron a la ciudadanía que la frontera entre política, corrupción y delincuencia sigue siendo difusa.
En materia económica, los indicadores de crecimiento se han mantenido en un rango moderado, beneficiados en parte por el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro, aunque la inversión pública sigue limitada y la inversión privada aún observa con cautela la certidumbre jurídica del país. Los programas sociales continúan siendo el motor de legitimidad política, pero su impacto estructural en reducción de pobreza aún es marginal.
En seguridad, los resultados siguen siendo insuficientes. Si bien la presidenta ha enarbolado un discurso distinto al de López Obrador, el país cerró el año con cifras de homicidios dolosos prácticamente estancadas. El viraje hacia un mayor fortalecimiento policial apenas comienza, y la percepción ciudadana sigue siendo de vulnerabilidad. Los episodios recientes en Tabasco y las detenciones por huachicol fiscal confirman que la delincuencia organizada conserva capacidad de penetración y control territorial.
En el terreno político, Sheinbaum ha logrado mantener cohesión en la coalición oficialista y consolidar su liderazgo interno en Morena, algo que parecía difícil ante la sombra omnipresente de López Obrador. No obstante, aún persiste la duda sobre la verdadera autonomía de su gobierno frente al expresidente: ¿se trata de un mandato independiente o de una prolongación de la era lopezobradorista con rostro femenino?
En política exterior, el gobierno ha mostrado un estilo más sobrio y técnico, pero también reactivo. La relación con Estados Unidos sigue siendo asimétrica, y los retos arancelarios y migratorios amenazan con poner a prueba la capacidad de negociación de la nueva administración.
Más allá de los temas específicos, el informe permite establecer paralelismos y contrastes con el gobierno anterior. López Obrador utilizaba sus informes como escenarios de legitimación, con mensajes largos, retóricos y plagados de referencias a la historia nacional. Sheinbaum, en cambio, busca proyectar una imagen más técnica y sobria, sin excesos discursivos, aunque aún con tintes propagandísticos.
En suma, el primer año de gobierno de Sheinbaum ha sido de transición y de prueba: continuidad en lo social, intentos de cambio en seguridad, y desafíos crecientes en el ámbito internacional. El saldo es mixto: algunos avances en institucionalidad y estilo, pero con grandes pendientes en seguridad, corrupción y confianza económica. La ciudadanía, más que un nuevo discurso, espera resultados palpables que aún no llegan.
