El presidente Andrés Manuel López Obrador está leyendo pésimamente el juicio contra Genaro García Luna en Brooklyn, y metiéndose él mismo en un hoyo del que en el futuro, quizás, no logre salir avante. Ayer en la mañanera, como no le gustó que el abogado del ex secretario de Seguridad Pública le preguntara a Jesús Reynaldo El Rey Zambada, que fue quien acusó a García Luna de trabajar para el Cártel de Sinaloa, si le había dado siete millones de dólares en 2005 para una campaña contra el presidente Vicente Fox, lo insultó y elogió la actitud del narcotraficante. “Este abogado falsario, calumniador, chueco -dijo innecesariamente-… resultó mas derecho Zambada”.
López Obrador debió de haber sido más cauto. El abogado César de Castro le preguntó a Zambada sobre esa acusación, no por “chueco”, sino con base en una declaración que hizo el narcotraficante ante los fiscales estadounidenses en 2013, tras ser deportado a ese país. La iba a repetir en 2019, como testigo de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, pero la fiscalía intervino para que no se mencionara al ya para entonces presidente. Es decir, no fue una ocurrencia o una difamación de De Castro, sino que buscaba una ratificación de una declaración jurada que tienen los fiscales, que Zambada se retractó ahora de haberlo dicho.
Pero estas contradicciones de Zambada, y el desfile de criminales que utilizó la fiscalía para sembrar en la cabeza del jurado que García Luna sí protegió al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos sin presentar ninguna evidencia, son variables que debe estar analizando el presidente, sin pasiones ni obsesiones, porque lo que hoy pasa con el ex secretario, mañana puede sucederle a él o a algún miembro de su gabinete o sus colaboradores.
Sin importar el veredicto sobre García Luna, para estos efectos, la fiscalía probó que puede utilizar a criminales que detuvo y extraditó el gobierno en el cual trabajó el ex secretario, si son funcionales a los intereses del Departamento de Justicia y la DEA.
La primera llamada de atención sobre un eventual futuro para este gobierno, la dio este miércoles la directora de la DEA, Ann Mildred, que en una comparecencia ante el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el tráfico ilegal de fentanilo, donde dijo que el gobierno de López Obrador debe incorporar la cooperación con Estados Unidos, con operativos conjuntos y aumento de las extradiciones. Mildred comenzó la presión contra México en el contexto del juicio de García Luna, donde se pintó es de una colusión sistémica de autoridades y criminales, que no se limitó al periodo de García Luna y los gobiernos panistas, sino que se extiende a la actualidad, al haberse nombrado a funcionarios presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, que hoy están en el gobierno de la cuatroté.
López Obrador debe incluir también en su marco de referencia sobre lo que está pasando en Washington y en Brooklyn, la declaración de Mildred en abril del año pasado tras acusar y pedir la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. “Este caso debe enviar un mensaje claro para cualquier líder que abusa de manera corrupta de su poder para apoyar a los cárteles de las drogas”, dijo. “Si toman dinero de las drogas para su elección, acepta sobornos de los cárteles, trafica con drogas letales y protege a los criminales cárteles de las drogas y convierte al Estado en una máquina violenta del narcotráfico… la DEA lo detendrá y lo hará responsable de sus crímenes”.
¿Cómo se encuentra México en este momento? No hay combate activo contra las organizaciones criminales. Vastos territorios están controlados por los cárteles del Pacífico/ Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, identificados ayer por Mildred como los responsables de “envenenar” a los estadounidenses con fentanilo, con una violencia sin precedente en cuanto a delitos y homicidios dolosos, y evidencias de la participación del narcotráfico en las elecciones nacionales de 2021. Un estudio de AC Consultores dado a conocer esta semana, reveló que la incidencia delictiva del gobierno de Felipe Calderón a la fecha se incrementó en 23% y el homicidio doloso 89%, al tiempo que de 11 estados catalogados “en emergencia”, en la actualidad son 29.
El testimonio de Mildred en el Senado, en el contexto del juicio de García Luna, hay que revisarlo con extremo cuidado y planear una estrategia de control de daños. Con la imagen de narcoestado proyectada en Brooklyn, Mildred quiere mayor compromiso de López Obrador para enfrentar a los cárteles de la droga y extradiciones, que está exigiendo Washington en los casos de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, y Rafael Caro Quintero, a quien acusan del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena en 1985. El gobierno mexicano se ha mostrado reacio a extraditarlos, escudándose en el Poder Judicial.
Una lectura adicional que tiene que realizar el presidente es qué podría suceder si extradita a Guzmán y Caro Quintero, y en el futuro el Departamento de Justicia los requiera para un propósito específico, los hace testigos protegidos y en un eventual juicio contra los hoy gobernantes mexicanos -como sucedió con el expresidente de Honduras- y algunos de sus colaboradores, testifiquen sobre el guión de los fiscales para obtener beneficios con sus condenas y rescatar el dinero que les decomisaron.
El presidente no está viendo este escenario, pero debe hacerlo. Lo que ha hecho con el Cártel de Sinaloa y la familia de El Chapo Guzmán, la forma como viaja a las zonas controladas por el Cártel del Pacífico/Sinaloa sin problema alguno, no existió en el pasado de García Luna y, aun así, podría ser condenado por los dichos de criminales sin pruebas que los respalden. García Luna tuvo la confianza de todas las agencias estadounidenses durante tres décadas. López Obrador, en cambio, tiene fricciones con Washington. Hoy la Casa Blanca lo necesita para administrar y contener la migración; después de octubre de 2024 ya no. Será un ex, como Hernández y García Luna.
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