La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito municipal de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, Teresita Calzada Rovirosa, indicó que impulsará iniciativas para fortalecer los protocolos de actuación en casos como el ocurrido el sábado 9 de noviembre, en el bar Los Cantaritos, donde perdieron la vida 10 personas derivado del ataque de un grupo criminal.
Al recordar también el incidente en la bodega de las marisquerías Mr. Barbas, la legisladora afirmó que es necesario que se adquiera tecnología avanzada, estrategias de inteligencia y coordinación interinstitucional, para lograr sancionar a quienes ejecutan estos hechos delictivos.
Así como la creación de protocolos específicos y capacitación a los dueños de restaurantes, bares y antros, centros comerciales, parques de afluencia familiar, para actuar en casos de este tipo; además de hacerles revisiones constantes de inspección municipal, en cuanto a la actualización y regulación de los permisos
“Dentro de las propuestas se tienen los botones de pánico al interior de los establecimientos. Lo que es una aplicación directa para que puedan, desde el teléfono, tener un vínculo directo con el C4; para que la autoridad se encuentre totalmente informada en ese momento de lo que está sucediendo, y actuar con una efectividad de no más de 3 minutos para que arribaran los cuerpos policiacos y de emergencia”, agregó.
Asimismo, en relación con la portación de armas de fuego, Calzada Rovirosa advirtió que no se descarta analizar el “armar” a los elementos de seguridad privada, la cual tendría que estar certificada y contar con los permisos federales adecuados.
De la misma manera, señaló que se proponen penas sin libertad y sin fianza para quienes participen de homicidio calificado relacionado con el crimen organizado; y multas económicas de 500 mil a un millón de pesos.
“Esto lo resuelve un juez de distrito y especializado en derecho penal y acusatorio. Está vinculado no solamente en homicidio calificado, sino también vinculado a un crimen organizado. Estas personas que realizan estos ilícitos deberán vivir el resto de su vida en una prisión. Estamos proponiendo que la multa sin fianza para estas personas, sin disfrutar de libertad, sea de 500 mil a 1 millón de pesos”.
Además, señaló que ingresará un exhorto para que los legisladores federales, con el fin de gestionar el regreso de recursos del Ramo 033, ramo 04 y 039, dirigido a los estados y municipios en materia de seguridad pública municipal, el fomento de la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de las entidades.
