Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2017.- La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público en la Universidad Autónoma de Querétaro el día de hoy.
Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe se basa en entrevistas confidenciales con 25 agentes de policía y miembros del sistema de justicia.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, manifestó Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“La policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos.”
Las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
Este informe, hecho público previamente en la Ciudad de México y Guadalajara, se presentó oficialmente en Querétaro en respuesta al alcance nacional de la problemática y la urgencia de que todos los estados tomen medidas y sigan las recomendaciones emitidas por la organización para evitar esta problemática, entre ellas, generar un registro de detenciones por entidad, pues las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
“Esta investigación muestra que todo el mundo corre peligro de sufrir detención arbitraria en México, y que este peligro aumenta enormemente si eres pobre, si llevas la ropa indebida o si trabajas para defender los derechos humanos. El sistema en México parece estar diseñado para hacer lo que sea necesario para mantener las prisiones llenas. Esto tiene que cambiar, y deprisa.”
Entre los casos documentados de este informe, se encuentra el de José Adrián, un muchacho de 14 años con discapacidad que fue detenido arbitrariamente el 25 de febrero de 2016 por unos policías de X-Can, una pequeña comunidad de la península de Yucatán en el sur de México, acusándolo de arrojar piedras contra su automóvil.
Los policías no dijeron a José Adrián por qué lo detenían, y no se pusieron en contacto con su familia. En lugar de eso, lo golpearon, le quitaron la camisa y lo esposaron. Luego lo llevaron a una comisaría cercana, donde lo colgaron por las esposas y, mientras estaba colgado, lo golpearon para obligarlo a confesar.
Cuando los padres de José Adrián finalmente lo encontraron, les pedían el pago de unos 138 dólares estadounidenses por los daños en el automóvil, y 39 dólares de multa. Las autoridades locales les dijeron que, si no pagaban, José Adrián no sería puesto en libertad, así que finalmente los padres consiguieron reunir el dinero y pagar la multa.
La familia presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el ministro fiscal, pero 18 meses después aún no les han informado de ningún progreso en la investigación.
En junio de 2016, México implementó en todo el país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que otorgaba a la policía poderes adicionales para llevar a cabo investigaciones. El Código pretendía acelerar las investigaciones penales.
Sin embargo, en la práctica, la ley no se está implementando debidamente, y muchos policías no cuentan con formación adecuada y no respetan el principio básico de la presunción de inocencia: un derecho humano fundamental.
En una escandalosa admisión, un policía dijo a Amnistía Internacional que no veía la importancia de hacer que los detenidos conocieran sus derechos. Esto refleja la actitud de un gran número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, de forma descarada y sin ningún arrepentimiento, violan los derechos humanos de las personas con las que interactúan.
Los miembros del poder judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, los agentes colocan pruebas para incriminar a personas, especialmente en delitos relacionados con robos, armas y tráfico de drogas.
Varios miembros de la judicatura, la policía y el ministerio público se quejaron a Amnistía Internacional de la falta de recursos (por ejemplo, personal, vehículos, teléfonos y expertos forenses y periciales) para resolver los delitos. Los miembros de la judicatura admitieron que sufrían presiones de sus superiores, e incluso del poder ejecutivo, para que dictaran determinadas sentencias en casos destacados.
POR: REDACCIÓN
