Saraí Cervantes
La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha generado preocupaciones y cuestionamientos entre expertos sobre el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, la transparencia y cómo funcionarán los esquemas de arrendamiento.
El pasado 13 de febrero, el Senado aprobó las reformas a la Ley del instituto, con las cuales se pretende abatir el rezago de más de 8 millones de viviendas en México.
El Gobierno por ahora pretende construir un millón de casas, a través de una nueva empresa.
Para Gerardo Rodríguez, director jurídico de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), una de las principales preocupaciones es conocer el manejo de 2.4 billones de pesos disponibles en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.
“Dejar esos recursos en manos de una empresa constructora de reciente creación, que no tiene la experiencia ni los conocimientos, son aspectos en donde se apuntala más el nerviosismo: que el dinero quede a merced de un proyecto del que nadie sabe cómo va a salir”, apuntó en entrevista.
Además, señaló, no es positivo que el Gobierno no quiera apoyarse en el sector privado.
“Para que el plan de vivienda salga, forzosamente tiene que ir acompañado de la IP, pues ya tiene el conocimiento para liderar los proyectos de edificación”, destacó Rodríguez.
El especialista dijo que tampoco se sabe cómo se auditará a la empresa constructora a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), por ejemplo.
En entrevista aparte, Jorge Paredes, director general de Realty World, consideró necesario que el Gobierno acelere las leyes secundarias de la reforma, que son básicas para el funcionamiento.
“Estas leyes secundarias deberían darse a conocer en aproximadamente 30 días, si son prioridad se deberían de dar a conocer a la brevedad, para que en el segundo trimestre de este año se arranque con el plan de vivienda del gobierno”, puntualizó.
Rodríguez agregó que también hay dudas en cómo operaran los esquemas de arrendamiento de vivienda.
“¿Qué va a pasar si un trabajador que renta un inmueble, no lo adquiere? ¿Va a poder utilizar esos recursos que ya destino a su renta a otra vivienda que esté en la cartera del instituto?”, apuntó.
