Por una #SociedadHorizontal
La confrontación entre el Presidente López Obrador y la Suprema Corte arreció. A lo largo de la semana pasada el mandatario fue duro en sus daclaraciones. Dijo que “no hay que tener miedo a plantear un desafuero de ministros o magistrados, ya que no se puede permitir la violación a la Constitución o que se imponga un poder omnímodo”. El mandatario insistió que la reforma al Poder Judicial para elegir a jueces, magistrados y ministros debe ser un tema de la próxima campaña electoral.
El presidente López Obrador remarcó que los juzgadores “tienen recursos de más y que lo que desean es financiar sus excesos”. También acusó “cinismo” por parte de los ministros y de su presidenta, Norma Piña Hernández, por solicitar un aumento de cuatro por ciento para el próximo año. Enfático subrayó que se deben limitar los gastos excesivos, por lo que convocó al Poder Legislativo a que, “con base en sus atribuciones constitucionales, analice si hace un ajuste presupuestal a ese sector”. Adicionalmente anticipó que, “si la Cámara de Diputados determina hacer el recorte, en el Poder Judicial, son tan cínicos que…se van a amparar ellos mismos”.
Todo esto se dio en preámbulo de la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024. Cabe recordar que a lo largo del sexenio han prevalecido los cuestionamientos contra los tribunales por los recursos existentes en sus fideicomisos, así como por los sueldos y prestaciones que reciben sus integrantes. La Corte detalló que el presupuesto solicitado para 2024 es de 84 mil 792 millones de pesos, mismos que serán repartidos entre el alto tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que juntos representan a 45 mil trabajadores.
La ministra presidente, convocó a una reunión solemne. En su discurso, afirmó que en caso de recibir un recorte presupuestal, se pondría en riesgo el Estado de Derecho y esto afectaría a los más vulnerables. En este contexto, ante los intentos de “asfixia por falta de recursos”, remarcaron que harán valer la Constitución.
Algunos consideran que la molestia y la intención de “someter a los jueces” desde Palacio Nacional, se deben a que muchas resoluciones judiciales no se han apegado a los intereses presidenciales. Como ejemplo se encuentran, desde la invalidación del llamado “plan B” electoral, hasta las recientes resoluciones relacionadas con los libros de texto gratuitos. En contraste, otros ven en los ataques de AMLO, una crítica profunda, toda vez que consideran que los ministros protegen a potentados. Tal es el caso de las decisiones dilatorias que han favorecido a empresas que según el mandatario, “abusando de su gran estructura corporativa”, han operado en la Corte para retrasar el pago de un total de 25 mil millones de pesos en impuestos.
Sea una, otra o ambas causas, este capítulo habrá de decidirse en en un tercer ámbito: el Poder Legislativo. El coordinador de la bancada mayoritaria, la de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, apoyó la postura presidencial. El legislador reclamó a la ministra presidenta la manera como solicitó un aumento presupuestal al considerar que “al hacerlo mediante oficios y sesiones de debate público lo han vuelto un proceso de señales sicilianas y mafiosas”. También reiteró su invitación a la ministra Piña para que acuda ante el Poder Legislativo a dialogar.
Lo cierto es que este episodio nos exige reflexionar sobre el funcionamiento real que tienen los poderes públicos. Debemos preguntarnos: ¿realmente son instrumentos que representan a la sociedad en su conjunto? O ¿Acaso las instituciones defienden los intereses de unos cuantos, sean del propio AMLO, de algún empresario o del grupo en el poder? Los ataques y contrataques entre poderes deben ser contrapesos, no una mascarada para inculpar a otra institución de las deficiencias, excesos o ineficacias de su propio actuar público.
Es previsible que el debate se intensifique en tanto se vota el PEF2024 en la Cámara de Diputados. No obstante, la #SociedadHorizontal deberá ir más allá. Informarse, comunicarse y organizarse, para que la “hipertransparencia” que hoy representa su fuerza principal, corrija y alinee el actuar de las instituciones en beneficio de la gente. Esperemos también que la reactivación del INAI coadyuve en ello, ahora que deberá desahogar al menos 8 mil 300 recursos de revisión que habían quedado pendientes.
