Charlene Domínguez
Con una reforma fiscal progresiva, el Gobierno mexicano podría recaudar 993 mil 700 millones de pesos adicionales anualmente, casi 20 por ciento más de lo obtenido actualmente, aseveró la organización Oxfam México.
En el marco de la presentación de su decálogo “10 puntos hacia la justicia fiscal en México”, Oxfam México explicó que con casi un billón de pesos adicionales en recaudación, se podría aumentar el gasto público, mejorar servicios públicos, así como disminuir la pobreza y desigualdad.
Se plantea un impuesto a grandes herencias, donaciones y sucesiones, una contribución solidaria de grandes fortunas a la unidad nacional, impuesto predial justo y progresivo, mayor inspección laboral.
También un impuesto ambiental sobre tenencia o uso de vehículos, cooperación económica y fiscal regional e internacional con liderazgo de México, infraestructura y servicios de cuidados, transporte público masivo y electrificado, mejora en las capacidades institucionales y transparencia.
Actualmente, todas las herencias, donaciones y sucesiones están exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Oxfam expuso que el hecho de que todas estén exentas del pago del ISR solamente beneficia a los más ricos del País, pues únicamente de 2018 a 2025 hubo 14 mil millonarios nuevos.
Se propone reformar el artículo 92 de la Ley del ISR para eliminar las exenciones a las grandes herencias, donaciones y sucesiones iguales o mayores a un millón de dólares, alrededor de 20 millones de pesos.
La estimación más conservadora con esta propuesta apunta a que se pueden recaudar cerca de 398 mil millones de pesos adicionales en las siguientes décadas, pero una estimación intermedia apunta a que se pueden recaudar cerca de 900 mil millones de pesos en las siguientes décadas.
“México es una anomalía fiscal, lo hemos dicho, se ha documentado, recauda poquísimo en términos del porcentaje de su PIB, menos que la media en América Latina y el último país de la OCDE en recaudación, el tema es que la baja recaudación ya no es un problema moral, de poca redistribución, es un problema de efectividad del Estado.
