Ministros, consejeros de la Judicatura y representantes de trabajadores del Poder Judicial plantearon que, si hay una reforma para elegir por voto popular a los juzgadores del País, se aplique en forma gradual y proteja la profesionalización.
En ese sentido, exigieron que se mantenga la carrera judicial, para que jueces, magistrados y ministros no pierdan independencia y den certeza a inversiones privadas.
Al arrancar los foros sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados, la Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidió despejar la idea de que ya hay una decisión tomada sobre el tema.
“El paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores”, advirtió ante legisladores. “En la reforma judicial, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, demandó.
El Ministro Jorge Pardo pidió hacer una sustitución de más de mil 600 jueces de manera escalonada para evitar un desajuste en el Poder Judicial.
“Esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando”, planteó.
La Ministra Yasmín Esquivel propuso elegir por voto popular a todos los integrantes de la Suprema Corte y, en una segunda etapa, proceder a una sustitución escalonada y progresiva de Jueces y Magistrados.
Para el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, una eventual elección de jueces y ministros debería cuidar la profesionalización de la función judicial.
“Se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función judicial, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes”, sugirió.
La propuesta de gradualidad fue planteada, además, por integrantes del Consejo de la Judicatura, como Verónica de Gyvés y Alfonso Montalvo, así como Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.
La Ministra Margarita Ríos Farjat consideró que la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar, y consideró que los poderes judiciales locales deben contar con “jueces mediadores”, electos por voto popular de vecinos.
“La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión social. En la Judicatura se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la Escuela de Formación facilite que futuros Jueces incluyan un año de servicio social jurídico en defensorías públicas”, planteó.
