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- No habrá huelga en Cadereyta, al menos por ahora
Unísono.
La amenaza a la democracia, enderezada por los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde, a través del llamado Plan B, hizo salir a cientos de miles de personas a las calles en más de 100 ciudades de México y otra decena de países.
Convocada por 60 organizaciones civiles, atizada por el rechazo, arrogancia y menosprecio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la movilización fue un éxito y un rotundo rechazo a la reforma electoral que terminará vía controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero más allá de lo que decidan los ministros, la ciudadanía expresó su rechazo al salir a las calles de la Ciudad de México, Querétaro, Madrid, Washington…
“El plan C es con C de la Corte y C de Ciudadanía”, se grito desde nuestra Plaza de Armas en Querétaro y el resto del país. Adultos mayores, padres de familia , jóvenes, niños. Todos reunidos para expresar su apoyo al Instituto Nacional Electoral.
Pero más allá de las concentraciones de ayer, vale la pena retomar la “Radiografía del Plan B”, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El documento sostiene que se trata de modificaciones legales promovidas por el gobierno en turno, que no incorporan las demandas de la oposición, que fueron aprobadas exclusivamente por el partido mayoritario y sus aliados, que transforman radicalmente estructuras institucionales consolidadas a lo largo del tiempo, y que fueron votadas con una velocidad extraordinaria. Como otros cambios normativos en la materia, se trata de una reforma por demás compleja, pero que ciertamente difiere en forma, fondo y procedimiento respecto de la larga cadena de reformas electorales que formaron parte del proceso de transición y consolidación de la democracia en México.
La legislación aprobada contiene numerosas y graves mutilaciones a los órganos electorales, entre ellas: 1) reduce el 85% del funcionariado profesional; 2) el gobierno asume el control del padrón de electores en el extranjero; y 3) le quita facultades de fiscalización $$ al INE.
Sostiene el IIJ:
No es una exageración decir que la reforma electoral conocida como el “Plan B” significa el fin de la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE). El Instituto Federal Electoral fue creado en 1990 como la respuesta institucional a las cuestionadas elecciones de 1988; la necesidad de nuevas autoridades electorales legítimas se convirtió en un problema de Estado, por ello el IFE fue diseñado como una institución fuerte que pudiera resistir las presiones del presidente y del todavía hegemónico Partido Revolucionario Institucional. A pesar de que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Constitución le aseguró autonomía operativa y presupuestaria. Si bien es cierto que entre 1990 y 1996 el titular de la SEGOB presidió el Consejo General, y por tanto el IFE siguió siendo parte del Poder Ejecutivo, la legitimidad de sus acciones provenía de sus amplios márgenes de autonomía. La historia es bien sabida, en la reforma electoral de 1996 se ampliaron los márgenes de autonomía consagrados en la Constitución, hasta el punto de que el Poder Ejecutivo quedó totalmente al margen del IFE. Desde entonces y hasta ahora niel presidente, ni ninguna oficina del Poder Ejecutivo tiene poder alguno de decisión en las actividades que realiza el INE para empadronar a los mexicanos y organizar las elecciones.
El Plan B (re)vincula al INE con el Poder Ejecutivo en actividades electorales clave, dándole poder de decisión en tareas tan delicadas como la elaboración del padrón electoral y las listas nominales. Pero la autonomía queda también comprometida porque establece algunas facultades al Poder Legislativo que interfieren de maneradirecta con cuestiones que hasta ahora estaban en el ámbito de decisión del Consejo General del INE.
Cinco aspectos fundamentales violan la autonomía constitucional del INE: 1. Se le dan facultades al Poder Ejecutivo para intervenir de manera directa en la elaboración del padrón (desde la ubicación de los Módulos de Atención Ciudadana hasta la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el empadronamiento de los mexicanos que residen en el extranjero). 2. Obliga al INE a trabajar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el desarrollo del voto electrónico, lo que sin duda es otra injerencia más del Poder Ejecutivo en el INE. 3. El Órgano Interno de Control conserva sus funciones de fiscalización y simultáneamente adquiere facultades de administración e interfiere en funciones electorales sustantivas; como es evidente aquí hay una invasión del Poder Legislativo que vulnera la autonomía del INE. 4. La disposición explícita que prohíbe al INE disponer del dinero que pudiese resultar del subejercicio en ningún otro proyecto de desarrollo institucional vulnera directamente su autonomía presupuestaria, consagrada desde 1990 en la Constitución. 5. Se obliga al INE al despido del Secretario Ejecutivo.
Eso opinan los especialistas de la UNAM. Por ello no es descabellado pensar que la Corte dará la razón a la sendas controversias constitucionales que se presentarán a partir de que el presidente López Obrador publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto.
Que así sea.
-OÍDO EN EL 1810-
Por cierto.
La secretaria de Gobierno, Lupita Murguía habló ayer sobre los pesos y contrapesos democráticos:
“Yo veo que todas las instituciones democráticas que han venido operando y construyéndose a lo largo de los años, generan contrapesos y equilibrios de poder y están actuando. La separación de poderes hoy la vemos mas claramente que en otras ocasiones. Lo vemos en la postura de la Corte, del Poder Judicial frente a la propuesta del Ejecutivo. Esto se puede ver a nivel estatal con diversos posicionamientos en torno a la Reforma Electoral”.
De acuerdo.
Foto: Especial
-¡PREEEPAREN!-
Cierto.
La presidenta del PRI, Abigail Arredondo participó en la concentración de ayer. Y no se anduvo por las ramas al poner el acento en el tema de fiscalización y crimen organizado.
“… Está en riesgo la fiscalización de recursos y es que, en las elecciones pasadas, vimos cómo el crimen organizado participó en el financiamiento de algunas campañas. Esto sin contar con el riesgo de no poder instalar el número total de las casillas”.
Así de claro.
Foto: Especial
-¡AAAPUNTEN!-
Mañana.
Este martes al medio día, en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia rendirá protesta el Observatorio Ciudadano de ese Poder Judicial.
Integrado por la Barra de Abogados, el Colegio de Abogados Litigantes y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
El órgano estará conformado por Norberto Alvarado Alegría (colegios de abogados), Omar Bautista Hernández (sector académico) y José Luis Fernando Cámara Gil (MiPyMes) e Isabel Fonseca Zamorano (CMIC) y tendrán la misión de darle apertura ciudadana y transparencia el Tribunal.
Enhorabuena.
-¡FUEGO!-
Por ahora.
Dice orondo el alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza que no hubo huelga en ese municipio, porque se llegó a un acuerdo con los trabajadores de su administración.
En parte tiene razón: Hizo un pago parcial de un adeudo por 30 millones de pesos.
Ahora, el estallamiento está señalado para el 17 de abril a las 9:00 am, si no se paga la deuda total. Ya no puede haber otra prórroga.
¡Porca miseria!
